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El análisis de las redes sociales y de su terminal móvil puede aportar datos de especial relevancia e importancia

El análisis de las redes sociales y de su terminal móvil puede aportar datos de especial relevancia e importancia
Madrid - Publicado el
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La Fiscalía de Sevilla ha solicitado a una red social que retire las imágenes de tres menores identificadas como presuntas acosadoras de Sandra Peña, alumna de 14 años del colegio Irlandesas Loreto que se suicidó tras presuntos episodios de acoso escolar.
Paralelamente, el Ministerio Público ha abierto diligencias de investigación penal por la difusión en redes sociales de esas fotografías con la identidad de las menores y mensajes de amenazas asociadas.

Las jugadoras del CD Honeyball homenajearon a su excompañera Sandra Peña.
Investigación policial: móvil, redes e imputaciones
La Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía de Menores, continúa con sus indagaciones para esclarecer responsabilidades en torno al suicidio de Sandra.
Incluye el análisis de su teléfono móvil y de sus redes sociales con el fin de encontrar indicios de acoso.
Fuentes citadas indican que los agentes intentan determinar el posible grado de implicación de tres chicas, mayores de 14 años, que podrían ser imputables penalmente si se confirma su participación.
Hay que estar pendiente del desbloqueo del teléfono de SANDRA
El desbloqueo del dispositivo móvil de Sandra es un paso pendiente, pues sin acceso completo al contenido no se podrá avanzar con todas las evidencias posibles. Las redes sociales también están bajo escrutinio, pues podrían aportar mensajes, interacciones o publicaciones que reflejen el acoso vivido.
Las autoridades llaman a la prudencia para no emitir juicios anticipados mientras se cotejan los datos y el grado de responsabilidad de las personas señaladas.
Además de las investigaciones penales, la Fiscalía ha abierto dos expedientes: uno centrado en las menores presuntamente implicadas y otro para evaluar la actuación del colegio Irlandesas Loreto.
La Inspección Educativa constató que el centro no activó los protocolos de acoso escolar ni los protocolos relativos a conductas autolíticas, lo que ha propiciado la apertura de esas investigaciones.
La dirección del colegio ha pedido calma
En un comunicado, la dirección del colegio ha pedido cautela, ha asegurado colaborar con las autoridades y ha señalado que su prioridad es proteger al alumnado y atenderles emocionalmente en este momento difícil.
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz ha anunciado que abrirá una investigación de oficio para evaluar cómo funcionó el protocolo contra el acoso escolar en este caso.

Policía Nacional en la concentración por Sandra Peña
La familia de Sandra ha manifestado su intención de emprender acciones legales contra el colegio, al considerar que no actuó con la diligencia debida pese a las denuncias formales presentadas.
Diferentes escenarios y reacciones
Los muros del colegio han sido pintados con mensajes como “asesinos”, “culpables” o “justicia”, reflejo del dolor, la indignación y la exigencia de responsabilidades por parte de la comunidad.
Algunos alumnos, padres y vecinos han denunciado que el colegio ignoraba reiteradas quejas de acoso, que la única medida adoptada fue cambiar de clase a Sandra o separar a supuestas agresoras, pero que ese cambio no evitó que siguieran los insultos y burlas.
El caso ha reabierto el debate público sobre cómo abordar el acoso escolar, el deber institucional de los centros educativos, y los límites del linchamiento social cuando se trata de menores cuyo nombre, imagen o datos personales empiezan a circular sin control.
La Fiscalía ya ha advertido expresamente que “el acoso no puede combatirse con el acoso”, al referirse a la difusión de imágenes y amenazas hacia las menores señaladas.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.