Arranca el anteproyecto de ley que regulará la actividad de los lobbies en España

¿Cuánto peso está teniendo el 'lobby' inmobiliario en la futura ley de la vivienda? Nos hemos planteado esta pregunta en 'La Tarde'. Y ponemos el foco en este tema porque el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de transparencia e integridad de los grupos de interés. El objetivo es regular la actividad de los lobbies en España, ya que Bruselas nos llevaba pidiendo desde hace años su regulación.

Cuando se está elaborando una ley sobre un sector específico, los políticos se reúnen con los sectores afectados para escuchar los diferentes puntos de vista para saber cómo puede afectar a las empresas, a los ciudadanos, al medio ambiente. De esta forma, se escribe, se cambia, y se redactan enmiendas. Es aquí cuando entran en acción los lobbies, los grupos de presión, como los define la Real Academia de la Lengua.

Un buen lobista sabe con quién hay que hablar, en qué orden, en qué momento, con qué argumentario, quién toma las decisiones en último término y ayuda a acceder a estas personas. Crea puentes con quien hace esas leyes o toma ciertas medidas.

¿Pero en beneficio propio? ¿Afectando negativamente a los ciudadanos, o a una mayoría? ¿Consiguen realmente moldear las leyes? ¿Y a cambio de qué? Algunas de estas preguntas son las que hemos trasladado esta tarde a David Alvarado, profesor del máster online de Comunicación y Marketing político de UNIR.

A diferencia de lo que ocurre en EEUU o en la UE, en España, estos grupos de presión actualmente no están regulados. No hay transparencia.

Quizás por eso, tengamos esa imagen oscurantista sobre lo que ocurre en los despachos y en los pasillos.

A escala europea, según el Registro de Transparencia existen 12.320 entidades 'lobbistas' de todo tipo; las más mayoritarias son los organismos empresariales y asociaciones con intereses comerciales, que son 6.500. De todas estas entidades, empresas como Google, Microsoft, Facebbok o Huawei se sitúan entre las diez primeras compañías que más dinero gastan y más reuniones mantienen para intentar influir en las políticas de la Unión Europa.

Además, según el Observatorio Corporativo Europeo, que es una organización sin ánimo de lucro, en el caso de las instituciones europeas, los principales, además de los tecnológicas, están los lobbies del sector financiero, el agroquímico, el del tabaco, el relacionado con fuentes de energía fósil y el farmacéutico.

En esta línea, David Alvarado tiene claro cuáles son los principales desafíos que tiene esta legislación: “Esta ley debería cumplir tres objetivos: el primero la transparencia, el segundo la integridad, en tercer lugar, una igualdad de acceso a los representantes”.

El profesor del máster online en Comunicación y Marketing político de UNIR también se muestra contundente sobre las cuestiones que según él debería recoger esta ley: “En lo que concierne a la transparencia, hace alusión a la publicidad de las reuniones, entre lobistas y cargos públicos. Debemos saber quién se reúne con quién, con qué objeto, y cuál es el resultado de estas reuniones. Referente al punto de la integridad se debería prohibir la entrega de regalos a cargos públicos. Y en cuanto al acceso a los representantes públicos también se debería equilibrar el acceso”.