Alberto Torres, especialista en Derecho Inmobiliario, avisa sobre el decreto de vivienda: "Es contrario al principio de igualdad"

El nuevo decreto sobre vivienda impulsado por Sumar y aprobado por el Gobierno el pasado miércoles en el Consejo de Ministros extraordinario, está generando un escenario de caos e incertidumbre en el mercado del alquiler. 

La norma, que entró en vigor el domingo, permite a unos dos millones de personas que viven de alquiler y cuyo contrato venza antes del 31 de diciembre de 2027 solicitar una prórroga automática sin aumento de precio, además de limitar cualquier actualización de la renta a un máximo del 2%. 

Sin embargo, el decreto necesita ser convalidado en el Congreso en el plazo de un mes y, a día de hoy, el Ejecutivo no cuenta con los apoyos necesarios. Para analizar esta situación, el programa 'La Tarde' cuenta con el abogado experto en derecho inmobiliario, Alberto Torres, quien ha desgranado las consecuencias de esta medida.

Un mes de 'lotería' para los inquilinos

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido la medida como una respuesta a una "demanda de la sociedad civil" para proteger a miles de familias. 

En la misma línea, Yolanda Díaz ha animado a todos los inquilinos a "exigir a los propietarios la prórroga". Según el abogado Alberto Torres, están en su derecho: "Durante el período en que esté vigente este real decreto, que va a ser 30 días, todos los arrendatarios cuyo contrato venza antes del 31 de diciembre de 2027 podrán solicitar esta prórroga extraordinaria". 

Además, ha aclarado que para los propietarios "es imperativo legal" y no se podrán negar a concederla.

Es arbitrario; al final, la solución no es justa"

Alberto Torres

Abogado experto en Derecho Inmobiliario

El problema, como ha señalado Torres, es que la anulación del decreto no tendrá carácter retroactivo. "Durante estos 30 días, todos aquellos que hayan notificado esa prórroga van a tener derecho a ella", ha explicado. Esto significa que solo los inquilinos que actúen con rapidez durante este mes podrán beneficiarse, mientras que el resto quedará fuera.

Para el abogado, esta situación es "contraria al principio de igualdad". "Es arbitrario; al final, la solución no es justa, porque solo hay algunos arrendatarios: primero, los que realmente estén informados, y segundo, los que les coincida el período de tiempo en el que puedan hacer uso de ese derecho", ha sentenciado.

Inseguridad jurídica y un mercado tensionado

Esta desigualdad también se aplica a la limitación del 2% en la actualización de la renta. Según el experto, "solo va a afectar a los que les toque actualizar la renta en este mes", lo que vuelve a generar un agravio comparativo. 

El periodista Antonio Jiménez ha calificado la aprobación del decreto como un "brindis al sol" del Gobierno para "salvar la cara" ante sus socios, sabiendo que no saldrá adelante. Alberto Torres ha destacado la excepcionalidad de la situación, ya que es "una de las primeras veces en las que un decreto que no se convalida (...) va a desplegar efectos mucho más allá de su urgencia y su no convalidación", lo que apunta a una "dudosa constitucionalidad".

Un decreto que no se convalida va a desplegar efectos mucho más allá de su urgencia"

Alberto Torres

Abogado experto en Derecho Inmobiliario

La periodista Ana Zarzalejos ha subrayado la gravedad de introducir "una desigualdad y una arbitrariedad" en un mercado como el de la vivienda, que arrastra una crisis desde hace más de una década. 

En su opinión, el problema de fondo es que la política actual se centra en la "propaganda electoral" y no en las soluciones a largo plazo, que "venden muy mal".

La falta de soluciones reales

Preguntado por las medidas que el mercado necesita, Alberto Torres ha sido claro: "Absolutamente, necesita, lo primero, seguridad jurídica". En segundo lugar, ha afirmado que el ciudadano debe entender que la vivienda es "un problema social grave y que requiere de gasto público".

 Para Torres, la clave pasa por construir más vivienda de protección pública y dotar de seguridad a los propietarios, ya que la lentitud de los procesos judiciales de desahucio, que pueden durar más de dos años, "provoca inseguridad en el propietario" y restringe la oferta.

Por su parte, Antonio Jiménez ha recordado que el presidente Pedro Sánchez "lleva ya casi 8 años en el poder y aquí no ha construido prácticamente viviendas sociales". Ha criticado la falta de un plan a medio y largo plazo acordado con las administraciones locales y autonómicas, y ha insistido en que sin garantías jurídicas para los propietarios, que eviten, por ejemplo, el impago de los inquilinos, la oferta seguirá contrayéndose y los precios, subiendo.