"Si el gobierno es quien decide lo que es secreto o alto secreto, podríamos ver cómo se da esta protección a informaciones que el gobierno no quiere que salgan a la luz"

Después de más de cinco décadas, anclados en una ley que nació en plena dictadura, concretamente, en 1968. El gobierno ha dado el primer paso para dejar atrás este lastre.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Información Clasificada, la nueva norma que va a sustituir a la vetusta ley de secretos oficiales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hasta ahora la opacidad ha sido la norma.

Documentos que por décadas han estado escondidos bajo llave, guardando secretos del franquismo y de otras épocas se abrirán al menos parcialmente cuando se cumplan ciertos plazos.

Un compromiso que Pedro Sánchez adquirió el pasado mes de febrero con el PNV antes de que su portavoz Aitor Esteban abandonara su escaño. La nueva norma prevé cuatro categorías de confidencialidad. Cuatro grados.

Alto secreto, cuando la amenaza o perjuicio que podría causar la información es extremadamente grave. Y luego están las categorías de secreto, la de información confidencial y por último, la información restringida, que sería la categoría más suave.

Solo el Consejo de Ministros podrá calificar de alto secreto o secreto una información. También se contempla como novedad que a partir de ahora haya un plazo máximo de 45 años para guardar el secreto de los documentos. Hay posibilidad de prolongar este tiempo hasta 15 años más si se requiere por seguridad. Es una información va a permanecer oculta como máximo 60 años.

Hasta aquí todo parece dentro de un margen lógico, pero hay determinadas aristas que inquietan y que pueden afectar al derecho a la información. Y es que esta norma prevé multas de hasta 2 millones y medio de euros para quienes reproduzcan por cualquier medio una información que haya sido clasificada como secreto o alto secreto.

Claro, esto abre la puerta a un riesgo. Si el gobierno es el que decide lo que es secreto o alto secreto, podríamos ver cómo se da esta protección a informaciones que el gobierno no quiere que salgan a la luz, no por interés general, sino por interés particular.

Por ejemplo, se podría dar la clasificación de secreto a los viajes de Pedro Sánchez en el Falcon bajo la amenaza de multa millonaria. En teoría, la ley prevé que sean los jueces los que valoren si un periodista o un medio de comunicación debe ser sancionado cuando publique una información de este tipo.