"Pedro Sánchez se empeñó en echar un pulso al Tribunal Supremo y lo ha perdido: su fiscal general ha sido condenado"

Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Viernes 21 de noviembre del 2025. Era el mediodía. Ayer, a la hora de comer aproximadamente. Algunos se estaban sentando a la mesa, otros tomándose el aperitivo, otros ni siquiera eso. Pero la sorpresa saltó desde el Supremo, porque la sentencia se esperaba para dentro de unos días y se comunicó mediante una nota que el fiscal general del Estado estaba condenado. 

Seis párrafos, 127 palabras. Es lo que publica la nota que adelanta la sentencia que conoceremos dentro de unos días, que condena al fiscal general por un delito de revelación de secretos reservados.

Es una condena que vuelve a sumir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el papel del presidente de las primeras veces. Se le añade otro ejemplo de primera vez: la primera vez que se condena a un fiscal general en España y en países de nuestro entorno. Pedro Sánchez se empeñó en echar un pulso al Tribunal Supremo y lo ha perdido.

Su fiscal general ha sido condenado por revelación de secretos a una pena de 2 años de inhabilitación, una multa de 7200 €. Usted dirá: “Hombre, para un delito tan grave la condena parece leve”. No crean. La condena es categórica y nos falta conocer algunos detalles de la explicación de la sentencia que conoceremos más adelante.

Álvaro García Ortiz nunca tuvo categoría profesional para ser fiscal general del Estado, pero era el más fiel y obediente servidor de Pedro Sánchez y ha aceptado inmolarse por él como un peón de quinta. Sánchez ha defendido al fiscal general del Estado porque el fiscal general actuó bajo sus órdenes. El borrado de los dispositivos —teléfono, iPad y correos— impide demostrar la cadena de comunicaciones entre la Fiscalía General y Moncloa, donde llegó todo el expediente privado de Alberto González Amador, el novio de la señora Ayuso, que el fiscal general García Ortiz fue recopilando de sus subordinados.

O sea, Sánchez montó una operación de cloaca para acabar con un rival usando instituciones del Estado. Eso es un escándalo. Eso obligaría a que este tipo se quitase hoy mismo de en medio, dejase de ser presidente del Gobierno. Pero no: no solo no lo va a hacer, deja plantado al rey y además se va a Sudáfrica a una cumbre del G20, donde podría llegar un poco más tarde, no pasa nada.

Al final, en el acto que conmemora los 50 años de la monarquía democrática y constitucional de España, va a estar solo Feijóo, porque todos los demás —la extrema izquierda, los separatistas, incluido Vox, que actúa como un antisistema más— han dado plantón al rey.

Pero volvamos a lo que íbamos. Es el crea bochorno, una sentencia condenatoria después de haber creado un enorme conflicto institucional, porque ha dejado la imagen de la institución, de la Fiscalía General, directamente para el tinte. El Supremo comunicó su decisión.

Sabemos que no ha sido unánime, nadie lo esperaba, pero ha contado con una inapelable mayoría de 5 a 2, y la condena le obliga a abandonar el cargo. El Gobierno ha anunciado que nombrará un sustituto, seguramente alguno de los más directos colaboradores del fiscal condenado. Y, a partir de ahora, García Ortiz recurrirá ante el Constitucional, donde está Conde-Pumpido y los suyos, y volverán a poner sus puñetas al servicio de Sánchez como han hecho con la ley de amnistía, con el caso de los ERE de Andalucía, con todo. También en última instancia podrían indultarlo, como ya hicieron con los golpistas del procés.

Algunos dicen: “Bueno, el Gobierno de José María Aznar indultó a Javier Gómez de Liaño cuando fue condenado por el Supremo por el caso… y se le impidió el acceso a la carrera judicial”. Sí, pero es que a Javier Gómez de Liaño le dio la razón el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dijo que no había sido condenado justamente. En este caso no. En este caso, hombre, puede inventarse algo Conde-Pumpido y, desde luego, puede el Gobierno indultarlo si así le apetece.

Volver a la Fiscalía General o volver a ejercer su trabajo dentro de la Fiscalía, en cualquier caso, en cualquier estrato de la misma, parece un poco más complicado. Pero bueno, las reacciones. Reacciones a todo esto, a esta condena por infringir el artículo 417.1 del Código Penal: 2 años de inhabilitación para ejercer el cargo, también una multa de 700 € e indemnizar con 10 000 € a Alberto González Amador. ¿Qué reacciones ha creado? Reacciones furibundas.

Los socios del Gobierno, al igual que los sincronizados, se han lanzado sin freno a atacar al tribunal y a la justicia. Han hablado de golpismo, golpismo judicial. Los mismos que publicaban que el juez Peinado tenía dos DNIs —prodigio de periodismo de investigación— hablan de golpismo judicial, de vergüenza, de franquismo. Óscar López: “El Supremo condena sin pruebas.” López. Qué vergüenza.

Esta es la línea argumental de Moncloa que van a repetir como papagayos todos los que siguen las consignas: “El Supremo ha condenado sin pruebas.” El contenido de la sentencia hay que conocerlo todavía, pero es curioso que todas las terminales políticas, mediáticas y judiciales del sanchismo se han puesto a gritar como locos “condena sin pruebas”.

Bueno, pues podemos señalar unas cuantas pruebas que se han visto en el juicio: los testimonios de Almudena Lastra, el del fiscal Salto, los mensajes a los subordinados con aquello de “ganar el relato”, el misterioso documento que apareció en el teléfono de una asesora de Moncloa, también la declaración de la responsable de prensa de Álvaro García Ortiz, que aseguró que fue el propio fiscal el que le dictó los párrafos más polémicos de la nota de prensa. Claro que había pruebas, lo que no hay es vergüenza.

¿Sorpresa por la condena? No lo espero. Vamos a ver, eso ocurre cuando vives en Matrix.

Claro, si tú ves solo a la que hace por la mañana televisión o al de las noches en televisión, o escuchas una u otra emisora diferente, o cualquier sincronizado que esté por ahí, que están en campaña constante de manipulación de la realidad, que viven en una realidad paralela, que tienen una formidable maquinaria de propaganda, claro, llegas a esa conclusión. Qué sorpresa, pero es que todavía hay instituciones que se respetan a sí mismas.

Aquí hemos asistido a un pulso institucional, un juicio paralelo, pero el Supremo no se ha dejado impresionar. Esto ha sido un caso claro de uso de las instituciones y de abuso de poder por razones políticas, y el fiscal general nunca debió entrar en esa batalla política. Incumplió su obligación de garantizar la confidencialidad y por eso ha sido condenado. Lo demás son historias, zarandajas.