No entierran el hacha en la guerra del agua por el trasvase del Tajo-Segura

La llamada guerra del agua es de los pocos temas donde las diferencias no vienen marcadas por las siglas políticas. ¿Cuál es el problema de fondo? En realidad, es una guerra entre regiones secas y regiones más secas, aún. Esto se produce entre Castilla-La Mancha por un lado, que es la región de la que procede el agua del trasvase Tajo-Segura, y las comunidades que reciben ese agua y que dependen de ella para regar sus campos: Alicante, Murcia y Almería. Por esto miles de regantes y agricultores del Levante se han manifestado frente al ministerio de transición ecológica.

¿Qué es lo que denuncian? Que el nuevo Plan Hidrológico para 2023-2027 supone, en la práctica, un profundo recorte del Trasvase Tajo-Segura. Lo que dicen desde el Levante es que supondrá una ruina para el sector primario de la zona. Es lo que defendía en esa manifestación Justo, un agricultor de Cartagena.

¿Qué dice exactamente la propuesta del ministerio que tanto ha enfadado a los regantes?

Básicamente lo que hacen es fijar caudales ecológicos en el río Tajo. Antes ya los había, pero se llamaban caudales ambientales y no ecológicos, lo que según el Gobierno, no es lo mismo. De hecho, explican que ya ha habido cinco sentencias del Tribunal Supremo en las que se condena al Estado por no establecer esos mínimos por debajo de los cuales no se puede trasvasar agua.

Ahora el Gobierno eleva ese mínimo de los 6 metros cúbicos de agua por segundo a los 7 a partir de este mes de enero. Desde 2026, ese mínimo subirá a los 8,63 metros cúbicos por segundo. Según los regantes del levante, por cada metro cúbico por segundo que se eleva listón, el trasvase se recorta en 32 hectómetros cúbicos al año. Las consecuencias, denuncian para los agricultores del levante, serían devastadoras. José tiene una empresa en Lorca y esta semana ha participado en la manifestación de Madrid. Como hemos dicho, el ministerio de Teresa Ribera se escuda en que están obligados a fijar esos caudales ecológicos. Y resaltan que, en vez de hacerlo de golpe, van a hacer una aplicación.

Una adaptación progresiva que incluye una inversión de 8.000 millones de euros en casi cinco años y, que en el futuro, defiende el Gobierno, permitirá disponer de mucha más agua sin que las Comunidades Autónomas afectadas tengan que depender del agua en la cabecera del Tajo.¿Cómo? Pues gracias a diversas medidas como la desalación, la reutilización o la conexión entre desaladoras. Dice el Ejecutivo que en los próximos años habrá 120 hectómetros cúbicos de agua adicionales para Almería, Murcia y Alicante. Reconocía Teresa Ribera esta semana, eso sí, que en este asunto es contentar del todo, a todas las partes.

A la manifestación de esta semana han acudido entre 7 y 11 mil personas, y buena parte de la transversalidad es la presencia de cargos políticos de PP, PSOE o Compromís. Eso sí, encabezando la protesta, el presidente de Murcia, el popular López Miras. El proyecto ahora mismo está recibiendo las alegaciones de las partes implicadas en el Consejo Nacional del Agua. Entre esas alegaciones, las del Gobierno de la Comunidad Valenciana del socialista Ximo Puig, que denuncia defectos de tramitación. Argumentan que el nuevo texto impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas, con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura.

Pero, el punto de vista de la otra parte, el de los municipios ribereños del Tajo, en Guadalajara, pero también de vecinos de Aranjuez, Toledo o Talavera que ven como el río pasa cada vez más seco. De hecho, una de las paradojas de este asunto es que en municipios de Cuenca y Guadalajara que lindan con el Tajo, hay muchos veranos en los que tienen que recibir agua en camiones cisterna. Razón por la que el proyecto del ministerio les parece a los ribereños un primer paso en la buena dirección.

¿Cuál es la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha?

El presidente regional, Emiliano García Page, son las sentencias que la comunidad autónoma ha ganado en el Tribunal Supremo las que están obligando a cambiar la política hidrológica.

Lo cierto es que la realidad del río Tajo, especialmente en su tramo medio, entre Aranjuez y Talavera de la Reina, es realmente complicada. Desde la plataforma en Defensa del Tajo, hablan incluso de estercolero hídrico. Y el problema no es solo el trasvase, también la mala depuración de aguas. Una mala depuración que hace que el agua que llega al río después de Madrid esté llena de suciedad, según la plataforma en Defensa del Tajo.

A Alejandro Cano tampoco le gusta la propuesta del Ministerio. En su caso, porque considera que en realidad no se van a aplicar caudales ecológicos. Por eso, no entiende la manifestación de los regantes del Levante, ya que, dice, el Trasvase no está en peligro en absoluto. Mantienen también esas mismas críticas a los regantes desde los municipios ribereños. Dice María de los Ángeles Sierra que no están utilizando las desaladoras.

Esa parece ser una de las soluciones de consenso, algo en lo que están de acuerdo todas las partes: la necesidad de abaratar el precio del agua que proviene de las desaladoras. De las 765 plantas desaladoras que existen en nuestro país. De momento, lo que parece evidente, es que esta guerra del agua aún no ha escrito su última página.