Este jueves, el Rey Felipe VI ha presidido el acto solemne de Apertura del Año Judicial. Ante el Jefe del Estado, el presidente del Supremo, Francisco Marín, ha presentado la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Estamos es una situación anómala porque tanto él, como el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, se encuentran en funciones, una extraña situación en la más alta representación de la justicia española.

Por un lado, no se han podido cubrir una veintena de vacantes en el Tribunal Supremo, ni tampoco llevar a cabo los relevos correspondientes en otras 80 sedes de los tribunales y salas de justicia. Y por otro, el bloqueo del CGPJ, cuyo mandato lleva agotado casi cinco años. Las dos situaciones debido a los intereses políticos.

En este año judicial hay varias causas pendientes. Por ejemplo, el Supremo tendrá que resolver el recurso contra los indultos a los líderes independentistas, que tras varios giros en el criterio del propio tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, acabó admitiendo revisar las medidas de gracia. También el Constitucional dictará una respuesta al recurso presentado por el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Supremo que le condenó por darle una patada a un policía tras una manifestación en 2014 y que acabó con la retirada de su escaño.

Qué está pasando en la cúpula del poder judicial y cuáles son las soluciones

Safira Cantos, abogada y Directora General de la Fundación 'Hay Derecho', explica en La Linterna qué consecuencias tiene que el sistema continúe bloqueado: “Hay un problema de descarada politización para querer capturar el poder de la cúpula del poder judicial. Está en funciones y hay parte de sus competencias que no pueden ejercer. No se puede proceder a los nombramientos del Tribunal Supremo y, ahora mismo, hay un 30% de vacantes entre los magistrados del TS porque es el CGPJ quien les nombra”.

Según la Memoria Anual del Ministerio Público, correspondiente a 2022, el 53% de los juicios previstos en los juzgados de lo penal se suspendieron, superando las cifras de años anteriores, cuando la actividad judicial se paralizó a raíz de la pandemia y los estados de alarma. Además, de media, se tarda cerca de 362 días para poder resolver una resolución en primera instancia de un litigio de naturaleza civil o mercantil. A todo eso hay que sumar los problemas que existen con el bloqueo del CGPJ y las vacantes dentro del Tribunal Supremo.

Como consecuencia de la situación actual, se estima que se han cancelado “más de 1.300 sentencias debido a la falta de cobertura de vacantes”. Safira apunta que “el sistema tiene unos problemas de retraso muy graves. Ahora mismo, los juzgados ordinarios tienen juicios en primera instancia que se están poniendo en vista de 2026/27. Esto es una barbaridad, mientras a los ciudadanos se nos exige que cumplamos escrupulosamente los plazos”.

En cuanto a la imagen que se tiene de la Justicia, la abogada lo tiene claro: “Se confía menos en la independencia del poder judicial porque la falta de independencia de la cúpula, contamina el ambiente general, a pesar de que la mayoría de los más de 5.000 jueces y magistrado hagan su trabajo de manera independiente”. Además, puntualiza que este tema solo le preocupa “a las personas que lo sufren”, lo que hace que se dificulte que se haga presión ante las autoridades.

Una huelga de funcionarios suspendida temporalmente

Comienza un nuevo año judicial marcado por las huelgas y parones en la justicia que se han producido en los últimos meses. Empezando por los jueces, pasando por los letrados y terminando por la de los funcionarios de la administración. La huelga de los jueces y letrados acabó con un acuerdo con el Gobierno; sin embargo, la de los funcionarios se ha suspendido de manera temporal hasta la formación del nuevo Gobierno. Hablamos de que son cerca de 45 mil trabajadores, el 93% del personal de Justicia.

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Javier Jordán, presidente del sector de Justicia del sindicato CSIF, cuenta en La Linterna en qué punto se encuentra ahora mismo la situación de los funcionarios: “Estamos en un impás, como todo el país, esperando a que se forme un Gobierno y que se asuma como prioridad la solución al conflicto”.

Javier recuerda las reclamaciones del sector: “No es solo una petición económica. Para mejorar la justicia hay que contar con el 95% de la oficina, estamos realizando funciones por encima de las que tiene la ley orgánica del poder judicial, lo que significa que no responde a la realidad. Queremos formar parte de su reforma”.

El presidente del sector de Justicia del sindicato CSIF espera que “el nuevo Gobierno tenga presente que, como prioridad, va a tener encima de la mesa la reivindicación que quedó pendiente en la anterior legislatura”. Para finalizar, aclara que “la justicia no se va a resolver en cuatro años, por eso pedimos un gran pacto por la Justicia y que debe contar, sí o sí, con los trabajadores de la Justicia”.

Comienza el año judicial en un momento en el que la independencia de la justicia en España está más cuestionada que nunca. Vacantes en el Supremo sin rellenar, bloqueo del CGPJ, amnistía, huelgas de los funcionarios... demasiados frentes abiertos en un poder cada vez más debilitado.

Las consecuencias: "Juan murió sin saber qué pasaba con su juicio"

Algodonales, es un pequeño pueblo de la provincia de Cádiz, situado en la entrada norte del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Allí, entre sus seis mil habitantes, vivía Juan Carretero, un jornalero que durante muchos años se ha buscado la vida para sacar a su familia adelante. Sin embargo, lo que no sabía, es que en una de esas intensas jornadas de trabajo en el campo, su vida se iba a convertir en una auténtica pesadilla.

Era por la noche cuando Juan cogió su coche para poner rumbo a Huelva e iniciar la recogida de la fresa. Pero mientras circulaba por la carretera sufrió un terrible accidente: “Se le atravesó repentinamente una mula que se había escapado de una finca próxima a la carretera y quedó tetrapléjico. Estuvo más de un año en la UVI del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. El esófago le funcionaba muy mal, igual que el estómago. No podía mover las extremidades inferiores y las superiores con dificultad”, relata Fernando Osuna, el abogado que durante muchos años ha defendido a Juan. Pero no ha sido un camino fácil. Juan quedó tetrapléjico y por ello lo denunció.

Los años pasaban y su sufrimiento y agonía era cada vez mayores. Juan veía que la Justicia le dejaba de lado. Tal era la desesperación, que intentó suicidarse en varias ocasiones. “Dado lo mal que estaba, intentó suicidarse dos veces y, afortunadamente, no lo consiguió porque su mujer lo evitó. Estaba amargado, no tenía ganas de vivir y veía que los días pasaban y la justicia no funcionaba”

Tras estos dos sustos, la familia de Juan insistió en la posibilidad de seguir apurando los procesos judiciales, pero, la lentitud de la Administración, se convertía en una losa para el ánimo de todos. La vía penal fue descartada y por fin se consiguieron buenas noticias a través de la vía civil: “Se tramitó el juicio, primero en vía penal, en la que salieron absueltos los dueños de la mula. Iniciamos la vía civil y, después de muchos años, se consiguió una sentencia indemnizatoria para Juan de 1 millón de euros”.

Juan murió hace cinco años sin saber qué pasaba con el juicio en el que reclamaba una indemnización de cerca de un millón de euros. El retraso judicial ha paralizado todo. Incluso el propio ministerio se ha visto obligado a responder de esta manera: “Al ver que tenía tanto retraso, los abogados solicitamos al Ministerio de Justicia que le indemnizaran por dilaciones indebidas de la justicia y cuál fue la gravedad de la dilación que le indemnizó con 60.000 euros”.

Para que te hagas una idea han pasado casi veinte años desde que comenzara el juicio y la familia aún no ha recibido nada de ese dinero. Las huelgas y la situación de la justicia en España han provocado que, tras todo ese tiempo, no haya ninguna novedad. Y no es el único caso.

Fernando contaba algunos de los motivos por los que nuestra justicia va tan lenta: “Falta de personal, hay pocos jueces, secretarios y los trámites son absurdos e innecesarios para cualquier notificación. Se emplea mucho tiempo, a veces tarda un año o más”.