El Tribunal Supremo ha sido este jueves el escenario de la apertura del Año Judicial. Ceremonia presidida por el Rey con la sombra de la amnistía que exige Puigdemont y que invalidaría el juicio del procès que precisamente se celebró en el Alto Tribunal. Todo ello unido a la falta de renovación del Poder Judicial. Su presidente interino, Francisco Marín Castán, ha verbalizado el malestar.

Marín Castán, ha recordado que las democracias también mueren al debilitar las instituciones, por lo que ha pedido a los actores políticos "un verdadero compromiso" para garantizar "el buen funcionamiento y la independencia del Poder Judicial", algo que ha defendido que pasa por situar a la Justicia por encima de "los intereses partidarios".

En su discurso de apertura del año judicial ha citado la obra 'Cómo mueren las democracias', de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, para señalar que "en nuestros días, la democracia ya no muere necesariamente por un acto violento o dramático, esto es, con un golpe militar o una revolución, sino con un lamento prolongado: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales".

Por eso, Marín Castán ha defendido que "el buen funcionamiento de la Justicia debe ser un asunto de Estado", indicando que "cuando ese buen funcionamiento está en entredicho todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidad que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios".

Así, ha reclamado a los políticos una doble acción: positiva, para "situar como objetivo de la acción de política el buen funcionamiento y la independencia del Poder Judicial por encima de los intereses partidarios"; y otra "negativa" para "abstenerse de todo comportamiento que de alguna manera pueda erosionar la consecución del mencionado objetivo".

Renovación del CGPJ

En el que ha sido su primer discurso de apertura del año judicial, Marín Castán se ha dirigido directamente a las fuerzas políticas para instarles a llegar a un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así, emuló al que fuera su predecesor, el expresidente del TS y del órgano de gobierno de los jueces Carlos Lesmes, quien en los últimos cuatro año reclamó la actuación de los partidos, elevando el tono hasta que finalmente dimitió.

"Me veo en la necesidad, una vez más y como ya hiciera en años anteriores mi predecesor, de emplazar aquí, de manera pública y solemne, a los responsables de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria para que, con urgencia, alcancen un acuerdo que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial", ha dicho al tiempo que ha recordado las "reiteradas llamadas de atención de las instituciones europeas".

El fiscal general sale al paso a las "dudas injustificadas" a su independencia

Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz se ha defendido de "los ataques" y las "dudas injustificadas" a su independencia señalando que "la ciudadanía puede estar tranquila", porque "no hay decisión" suya "que no esté sometida a los principios de motivación, publicidad y consenso".

Durante su discurso en el acto de apertura del año judicial, García Ortiz ha querido dejar claro que "la acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles".

Al respecto, ha asegurado que las y los fiscales deciden en situaciones de conflicto y adoptan "posturas procesales enfrentadas, en ocasiones, a otras partes".

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"Por lo tanto, no nos escondemos, asumimos la crítica propia de quien se responsabiliza de sus decisiones, de quien ejerce su oficio y de quien somete su criterio a la decisión de los tribunales", ha añadido en presencia de la alta judicatura del país.

Otra cosa son "los ataques" a la figura del fiscal general del Estado que "no deben ?no deberían? contagiar a la propia carrera" ya que "aún siendo el principio de unidad de actuación lo que justifica la jerarquía", ha defendido que "no hay decisión" suya "que no esté sometida a los principios de motivación, publicidad y consenso".

Por eso, ha lamentado las críticas al principio de dependencia jerárquica, que "en ocasiones ha provocado ciertas reticencias a la hora de valorar nuestra actuación e, incluso, ha sido utilizada para sembrar dudas injustificadas sobre ella".

Y, tras recordar a "quien asuma la responsabilidad del Gobierno" la oportunidad de emprender definitivamente la reforma procesal para que los fiscales asuman la investigación penal, ha avanzado que la Fiscalía "está abierta a cambios": "No nos inquieta cambiar o mejorar las garantías de imparcialidad de la institución, de los fiscales o del Fiscal General".

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