Diego Garrocho: "Tardaremos quizás semanas, meses o años, pero hay algo que se ha roto en el pacto civil entre todos los españoles"

Pues en las últimas semanas hemos hablado de la corrupción política, aquella que otorgaba favores en forma de licitaciones de obras a cambio de dinero.

Sin embargo, la amnistía representa una forma de corrupción aún mayor, pues implica un intercambio de favores políticos personales utilizando el código penal como moneda de cambio. Sabemos que la ley de amnistía fue redactada y aprobada por la misma mano de sus beneficiarios, un hecho que no sólo quebranta los principios constitucionales, sino también las intuiciones más básicas del Estado de Derecho.

Ya en el siglo V a.C., la Ley de las Doce Tablas prohibía expresamente la creación de leyes destinadas a beneficiar a personas concretas. En este caso, legislador y beneficiario coinciden, transformando el derecho, que es patrimonio común, en un botín privado.

La ley de amnistía rompe la coherencia y la lógica de nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución prohíbe los indultos generales, y, aplicando el principio de que quien no puede lo menos no puede lo más, resulta absurdo pensar que, no pudiendo concederse indultos generales, sí se permite al legislador aprobar medidas más ambiciosas como lo es una ley de amnistía.

Esta ley de amnistía, validada hoy por el Tribunal Constitucional, lo ha sido en medio de una fractura que pone de manifiesto la servidumbre política y partidista de alguno de sus magistrados. De no haberse abstenido dos vocales, Juan Carlos Campo y José María Macías, nos habríamos encontrado con un empate técnico: seis votos a favor y seis votos en contra. Esto revela la profunda división y la tensión que genera esta medida.

Y lo que es más grave: los electores votaron a un partido socialista que, durante la campaña electoral, se comprometió con la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Sin embargo, después de las elecciones, no dudaron en traicionar la confianza de los ciudadanos para repartirse el botín y consumar una transacción que quebranta de forma irremediable el principio de igualdad entre los españoles.

Tardaremos quizás semanas, meses o años, pero hay algo que se ha roto en el pacto civil entre todos los españoles.