Un abogado penalista señala los años de cárcel a los que podría enfrentarse García Ortiz por filtrar el mail del novio de Ayuso

Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid. Denuncia un linchamiento por parte de sus compañeros de partido. ¿Por qué? Porque registró ante notaría una conversación privada con la jefa de gabinete del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, en la que hablaban de información confidencial sobre Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Correos en el que se leían los mensajes intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso, para llegar a un acuerdo. Se intentó incluso que el propio Lobato llegara a publicarlos en la Asamblea de Madrid, algo a lo que se negó. Es el último episodio de un caso que lleva semanas protagonizando la primera plana de los informativos en España. Pero, ¿quién es quién en este entramado? Expósito explica este martes en La Linterna las consecuencias penales a las que podría enfrentarse el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

¿De quién depende la Fiscalía?

Manuel Rincón, abogado penalista del bufete Rinber abogados, recuerda este martes en La Linterna que la Fiscalía General del Estado es una de las grandes o debería ser una de las grandes instituciones del Estado. “Es el máximo representante de la fiscalía, defensor del principio de legalidad, por mas que se haya manifestado de quién depende”. Es autónomo, no depende de nadie, por encima no tiene a nadie, si que tiene que dar cuenta al Parlamento y al Gobierno, que pueden fiscalizarle desde el punto de vista político”, explica a Expósito.

“El Fiscal General del Estado es casi un órgano representativo, se encarga de la dirección de la Fiscalía a nivel nacional y tiene relación institucional con el Parlamento, da instrucciones a los fiscales que después están en sala, una unificación de criterio respecto a la interpretación de un delito”, comenta Rincón que, recuerda, “los fiscales como tales son independientes y se tienen que someter al estatuto del Ministerio Fiscal”.

Filtración novio Ayuso: consecuencias penales

Respecto a las consecuencias del caso, el experto penalista de Rinber señala que “el daño podría a llegar a calificarlo de irreversible”. Un Fiscal General del Estado, subraya, es “un elemento básico fundamental en un estado democrático”. “Que tengamos que ver que presuntamente se han cometido delitos muy graves por parte del Fiscal General pone en brete el estado de derecho, presentas filtraciones de la pareja de una persona que, si no fuera presidenta de Madrid, no se habrían filtrado”.

Pero, ¿a qué delitos podría enfrentarse Álvaro García Ortiz? Para Rincón, “cuando estamos hablando de un delito cometido por un fiscal, ya la inhabilitación hemos de entenderla como una condena grave y ahí estamos de un tipo básico”. No obstante, aclara en COPE que, si nos vamos al 417.2 del Código Penal, que es el que regula cuando se filtra información de un tercero, de un particular que provoca un especial daño, estamos hablando de que las penas de prisión pueden ir hasta los cuatro años y la inhabilitación hasta los doce años.

“Creo que con sólo la investigación del Fiscal General del Estado debiera haber dimitido, ha declinado la situación y, entiendo, si finalmente es procesado, si no la dimisión, deberían cesarlo”. “Si quien tiene que defender la legalidad está imputado, qué imagen estamos dando a nivel nacional e internacional”, concluye.