"Los vuelos para traer a la Flotilla han costado más de 160.000 euros mientras Hacienda cobró a Ángela Agudo 15.600 euros en impuesto por donaciones"

El Gobierno español ha asumido con fondos públicos el coste de repatriar a los activistas de la Flotilla Global Sumud interceptados por Israel, mientras que hace menos de un año denegó la repatriación de Ángela Agudo, una joven valenciana en coma en Tailandia, cuya familia tuvo que financiar un avión medicalizado con donaciones privadas y luego pagar impuestos por ellas. 

La comparación surge del análisis de Sergio Barbosa en el programa "Herrera en COPE" junto a Jorge Bustos, donde se detallaron los costes estimados de la operación de repatriación de los activistas españoles que participaban en la flotilla hacia Gaza, contrastándolos con el caso de Ángela Agudo.

 El coste de repatriar a los activistas de la flotilla  

Según el análisis de Barbosa, el operativo para repatriar a los españoles de la flotilla ha involucrado tanto vuelos comerciales como medios militares, con un coste total que "podría haber superado con creces los 600.000 euros" si se considera también el despliegue naval previo.

• Primer vuelo comercial: El primer vuelo, que trajo a 21 activistas desde Israel a España el pasado domingo, fue un vuelo comercial de la aerolínea Eurowings. Una parte de los pasajeros se quedó en Madrid, y el resto fue trasladado a Barcelona. Basándose en el precio de los billetes de esa ruta para esa fecha y suponiendo que se compraron en clase turista, el coste aproximado se estimó entre 6.000 y 7.900 euros.

• Avión militar A400M: Posteriormente, un avión militar A400M del Ejército trajo a 27 personas desde Atenas a Madrid. Este avión consume un mínimo de unos 3.500 litros de combustible por hora. El trayecto de ida y vuelta Madrid-Atenas se calcula en unas siete horas, lo que significa que la aeronave pudo utilizar más de 24.000 litros de combustible. Considerando el precio del combustible y otros costes operativos, se estima que el precio total de este vuelo militar pudo alcanzar los 150.000 euros.

• Otros vuelos comerciales: A este coste hubo que sumar 12 billetes comerciales a Barcelona y cuatro a Bilbao para otros activistas, con un coste estimado de al menos 1.000 euros.

Sumando estos conceptos, Barbosa indica que el coste total de los vuelos para repatriar a los activistas difícilmente habría sido inferior a 160.000 euros, una factura que será asumida íntegramente por el erario público. El Ministerio de Asuntos Exteriores, con José Manuel Albares al frente, confirmó que el Gobierno se haría cargo de los gastos de repatriación de los 49 españoles, justificándolo como un procedimiento habitual para agilizar su regreso.

 El caso de Ángela Agudo

Este despliegue de medios públicos contrasta con la situación que vivió la familia de Ángela Agudo hace menos de un año. La joven valenciana de 24 años sufrió un grave accidente de moto en la isla tailandesa de Samui en octubre de 2024, que la dejó en coma con un traumatismo craneoencefálico.

Su seguro de viaje, con una cobertura máxima de 75.000 euros, fue rápidamente insuficiente para cubrir los gastos médicos en Tailandia, que ascendían a unos 5.000 euros diarios. La familia solicitó ayuda al Gobierno para un avión medicalizado de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) del Ejército del Aire, pero su petición fue rechazada. El Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, alegó que todas las aeronaves estaban desplegadas en Canarias en misiones especiales.

Ante la negativa estatal, la familia emprendió una campaña de crowdfunding que logró recaudar más de 300.000 euros a través de miles de donantes. Con este dinero, costearon un avión medicalizado privado por 240.890 euros que trajo a Ángela de vuelta a España a principios de noviembre de 2024.

Sin embargo, la solidaridad ciudadana llegó con una carga fiscal. La ley española considera las donaciones como un traspaso patrimonial sujeto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Según los cálculos basados en la normativa de la Comunidad Valenciana, la familia tuvo que hacer frente a un pago total a Hacienda que superaba los 135.000 euros entre dos cuentas diferentes. En concreto, tal y como precisó Sergio Barbosa en su análisis, en una de las cuentas ya abonaron 15.696,97 euros en concepto de comisión de la plataforma GoFundMe y luego 15.600 euros por el impuesto de donaciones por los fondos recaudados.

 Doble rasero en la protección consular  

Esta disparidad de tratamientos evidencia lo que para muchos es una doble vara de medir en la protección consular. Por un lado, el Gobierno activó todos los medios a su alcance, incluido un avión militar, para repatriar en pocos días a activistas que fueron detenidos tras intentar romper el bloqueo a Gaza a bordo de una flotilla que Israel calificó de "provocación".

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Por otro lado, una ciudadana en una situación médica crítica, dependiente de un respirador y en coma, no recibió ayuda oficial para su repatriación, viéndose obligada a depender de la solidaridad privada y, además, a tributar por ella. Como señalaba el hermano de Ángela en una emotiva petición pública: "Y sobre todo que esto llegue a donde tiene que llegar, que es al Gobierno de España. que se pongan en contacto con nosotros y que por favor aquello que dijeron que el gobierno no dejaba tirado nunca a ningún español fuera de España, que se cumpla".

La familia de Ángela, fiel a su promesa de transparencia, ha ido publicando las facturas de todos los gastos médicos y de repatriación. Recientemente, donaron cerca de 78.000 euros del remanente de las donaciones a la Fundación Ángel Nieto, dedicada a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico.

Mientras Ángela Agudo continúa en un estado vegetativo, luchando por su recuperación en un hospital valenciano sin que, según su hermano, nadie del Gobierno central se haya interesado por su evolución, la polémica sobre la coherencia de la política de repatriaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez queda servida. Un debate que enfrenta la obligación de asistir a todos los ciudadanos en el extranjero frente a la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, y que questiona por qué algunos merecen un taxi aéreo pagado con impuestos y otros no.