El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá cree que las CC.AA. no han sido eficaces a la hora de aplicar rentas mínimas y, además, han generado desigualdades entre las diferentes regiones. El Gobierno central ha llegado a un acuerdo con el PNV para que Navarra y País Vasco gestionen directamente el ingreso mínimo vital que publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que han reclamado al menos otras siete comunidades autónomas.

En su entrevista este lunes en "Herrera en COPE", Escrivá defiende que el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno "requiere un contraste de renta y patrimonio de los solicitantes y considera que sólo País Vasco y Navarra pueden activarlo de forma autónoma". "Tenemos que ser lo más eficaces posible para llegar a los hogares que necesitan prestación. Y las CC.AA. han demostrado no serlo salvo País Vasco y Navarra", ha dicho el ministro. Alertado por Herrera por esa diferencia establecida entre estas dos regiones y el resto, el ministro ha señalado que no busca establecer "un debate competencial", pero que ambas han demostrado estar más desarrolladas por su carácter tributario diferente. "Cada CC.AA. despliega su prestación de forma tan dispar que las desigualdades se amplían", ha explicado.

Escrivá ha puesto también a Navarra y País Vasco como ejemplo de comunidades en las que, pese a contar una rentas mínimas más desarrolladas, tienen una tasa de empleo de las más altas, frente a Andalucía con un alto índice de desempleo. "Donde están las mejores dotaciones de renta mínima son en países nórdicos y centroeuropeos, lo que no parece que sea un elemento desincentivador (del trabajo)", ha indicado al ser preguntado por el riesgo de que estas prestaciones disuadan a los beneficiarios de realizar una búsqueda activa de empleo. Ha expresado, en cualquier caso, su total disposición a colaborar con las comunidades autónomas para poner en marcha itinerarios de inclusión, "darles toda la información y decirles quiénes son los beneficiarios de la renta mínima".

Escrivá ha definido su ley de ingreso mínimo vital como "moderna y rigurosa" que busca "erradicar la pobreza máxima" y que los hogares que están en una situación de máxima vulnerabilidad "puedan salir adelante". Según ha calculado el ministro, la medida afectará a unos 850.000 hogares. "Fijaremos un mínimo nacional y cada CC.AA. complementará esa ayuda", ha señañado. El ministro ha señalado que además de la renta del solicitante también se tendrá en cuenta su patrmonio, que no podrá ser tres veces mayor a la renta anual que recibe. Tal como había anunciado el Gobierno, Escrivá ha subrayado que el beneficiario seguirá manteniendo la prestación pese a encontrar trabajo. "No hay un plazo límite y es un derecho subjetivo. Se decidirá en función de la declaración de la renta", ha dicho el ministro, sin detallar qué medidas se tomarán para que la economía sumergida no desvirtúe la renta de los beneficiarios.

El ministro ha calculado en 3.000 millones de euros el gasto cada año en esta medida y ha recordado que irá a cargo de los Presupuestos del Estado.