"El aborto nunca puede ser un derecho constitucional porque el médico que se negase estaría incumpliendo una ley y sería procesado y condenado"

el presentador Jorge Bustos ha alzado su voz con contundencia durante la tertulia de Herrera en COPE para analizar la propuesta del Gobierno de reformar la Constitución con el fin de incluir el aborto como un derecho. Frente a esta iniciativa, que calificó de "ocurrencia" de intención "oportunista", Bustos desgranó una argumentación jurídica central: la imposibilidad de que la interrupción voluntaria del embarazo alcance el rango de derecho fundamental en la Carta Magna. Su tesis principal, que articula el núcleo de su postura, es que tal reconocimiento generaría una contradicción insalvable con la cláusula de conciencia de los profesionales sanitarios.

Bustos inició el debate solicitando la opinión de sus contertulios sobre una noticia de última hora: el anuncio del presidente Pedro Sánchez de una reforma constitucional para "consignar el aborto como un derecho". Tras escuchar las intervenciones de Roberto Benito, Rebeca Argudo y Antonio Naranjo, quienes coincidieron en señalar el carácter artificial y distractorio de la propuesta en un contexto social donde, a su juicio, no existe un debate real sobre esta materia, el presentador profundizó en lo que denominó "el fondo de la propuesta".

El ejemplo jurídico

Con precisión jurídica, Bustos expuso la que considera la razón fundamental por la que el aborto "nunca" puede ser un derecho constitucional. "Conceptuar el aborto como un derecho significaría que aquellos médicos que invocando una cláusula de conciencia se negasen a practicarlo, deberían ser procesados, juzgados y condenados", argumentó. La base de esta afirmación radica en la naturaleza de los derechos. Explicó que "cuando tú niegas un derecho, tienes la obligación legal de prestarlo". Por lo tanto, si el aborto se eleva a la categoría de derecho, el profesional que se acoja a la objeción de conciencia estaría, en la práctica, "incumpliendo directamente una ley, por tanto, sería condenado y procesado". Esta situación, subrayó Bustos, "no se puede admitir en un regulamiento constitucional de un Estado moderno".

Para reforzar su argumentación, el periodista se apoyó en la autoridad de Arcadi Espada, columnista al que definió como "no precisamente alguien católico practicante". Bustos recordó que fue Espada quien, en una columna, describió esta misma paradoja legal, destacando así que la objeción no parte necesariamente de una postura religiosa, sino de un análisis estrictamente jurídico. Bustos quiso dejar claro que, si bien existen perspectivas filosóficas, morales e incluso religiosas sobre el aborto, su crítica se centraba en "solo desde el punto de vista jurídico", un terreno donde encuentra una incompatibilidad esencial entre el derecho y la libertad de conciencia.

Una maniobra política

Más allá del análisis jurídico, Jorge Bustos también desentrañó lo que, a su parecer, es el "trasfondo evidente" de esta maniobra política. Señaló directamente al Partido Socialista, recordando que "se ha apoyado en el voto de las mujeres históricamente para mantenerse en el poder". En su diagnóstico, el PSOE "está perdiendo como una especie de hemorragia el voto femenino", una sangría que atribuye a las políticas de su Ministerio de Igualdad, específicamente a "la ley del solo sí es sí" y al "fiasco de las pulseras antimaltrato". Ante esta pérdida de credibilidad, la propuesta de reforma constitucional le parece una jugada calculada: "Y ahora pretende que ese mismo ministerio que no sabe proteger a las mujeres maltratadas en España, ahora pretende dar lecciones de protección del supuesto derecho al aborto de las mujeres amenazadas por el avance de la ultraderecha". Bustos calificó toda la operación como una "maniobra absolutamente torticera y tramposa" cuyas motivaciones reales son puramente políticas y electoralistas.

El presentador cerró su intervención con una recomendación a la oposición. Consideró que la inteligencia política en este caso pasaría por "desactivar los debates artificiales" y "devolverlos al fondo del asunto, que es la libertad de las mujeres y el derecho también a recibir todo tipo de información". Esta reflexión final enlaza con las aportaciones de sus contertulios, quienes, como Rebeca Argudo, apuntaron que un debate social productivo no debería centrarse en blindar el aborto como un derecho, sino en abordar las causas económicas y laborales que llevan a muchas mujeres a tomar esa decisión, así como en promover políticas de apoyo a la maternidad. En definitiva, la postura de Jorge Bustos, construida desde una crítica jurídica sólida y un análisis político severo, se erige como un alegato contra lo que percibe como una instrumentalización del aborto que, lejos de ampliar libertades, podría cercenar la de los profesionales sanitarios y desvirtuar el propósito mismo de una Constitución.