"Europa se ha convertido en la última esperanza para los que todavía creen que se pueden corregir los desmanes del Constitucional"

Son las seis, las cinco en Canarias.

Muy buenos días, abrimos aquí Herrera en COPE, yo soy Antonio Herráiz y te voy a acompañar en esta mañana del 16 de julio. Es un día grande para las gentes del mar y es fiesta para los miembros de la Armada Española porque hoy es la Virgen del Carmen. Raro es el rincón marinero donde los pescadores, las cofradías, los marineros, sus familias, no muestran su devoción a la que consideran su gran protectora.

Salve, estrella de los mares. Hay procesiones marítimas que son un auténtico espectáculo. Procesiones en una punta y en otra: en Vigo, en el litoral valenciano, en La Coruña, en Málaga. También hay procesiones de interior, como en Sevilla. Así que disfrutad del día y felicidades a las Cármenes.

Enseguida estamos en Torre Pacheco, en la Región de Murcia. Los ultras han convocado tres manifestaciones seguidas, tres días consecutivos. La primera, esta tarde-noche, ha acabado sin incidentes por el amplio dispositivo policial que mantiene completamente blindado el pueblo. Y mientras los radicales aprovechan la coyuntura, los extremos políticos siguen utilizando Torre Pacheco como teatro de operaciones para defender su radicalidad. Al líder de Vox en Murcia, la Fiscalía le ha abierto diligencias por un posible delito de odio. Y desde Podemos, Ione Belarra fue también a Torre Pacheco a echar un poco más de gasolina, a hablar de terrorismo racista.

Esto lo dice la que se reunió hace un par de días con Arnaldo Otegi. ¿Eso se llama responsabilidad? Por lo demás, la noticia sigue en Europa, en este caso en Luxemburgo, que es donde está la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Unión. Este órgano se ha convertido en la última esperanza para los que todavía creen que se puede corregir o directamente enmendar los desmanes del Tribunal Constitucional español. Y hay dos asuntos que Sánchez le encargó a Cándido Conde-Pumpido para que los resolviera con rapidez y eficacia, sobre los que ahora va a tener que pronunciarse Europa. Uno es la amnistía y el otro es el megafraude de los ERE de Andalucía. El escándalo de los ERE es la mayor causa de corrupción abierta en España.

Esto no está de más recordarlo, sobre todo tras el blanqueamiento en el que se han empleado a fondo en Moncloa y en el PSOE durante los últimos años. Queridos jóvenes, queridos olvidadizos: desde el año 2000, durante 10 años, la Junta de Andalucía, en manos socialistas, dilapidó al menos 680 millones de euros. Era dinero que tenía que acabar en manos de los parados andaluces; dinero que iba destinado en principio a empresas en crisis, pero que se repartió de forma militar y, por tanto, ilegal.

Algunos se lo gastaron en prostitutas, otros en cocaína; la mayor parte del pastel acabó en personas afines al PSOE, incluidos los sindicatos. Y los hay que no han podido seguir disfrutando porque, de esos 680 millones de euros sustraídos, solo se han recuperado 27 millones: apenas un 4%. Todo esto se investigó durante años, no sin pocas trabas durante la instrucción (que se lo digan a la juez Mercedes Alaya), y todo esto se juzgó. Ahí está la sentencia de la Audiencia de Sevilla del año 2019 y ahí está la sentencia del Tribunal Supremo de 2022. Aunque algunos se esfuerzan en situar el fraude de los ERE andaluces en la prehistoria, solo han pasado tres años de la demoledora sentencia del alto tribunal que no hizo otra cosa que ratificar lo que ya había dicho la Audiencia de Sevilla: que hubo una red clientelar tejida por el PSOE, que hubo un botín cercano a los 700 millones de euros y condenó a los responsables.

Seis años de cárcel para el expresidente socialista José Antonio Griñán por delitos de malversación y prevaricación. Para el expresidente Manuel Chaves, nueve años de inhabilitación especial por prevaricación; otros nueve para la exconsejera y ministra de Zapatero, Magdalena Álvarez, y a partir de ahí exconsejeros, exviceconsejeros, exdirectores generales y una veintena de altos cargos durante la etapa del PSOE al frente de la Junta de Andalucía, condenados. Hechos investigados, fraude probado, saqueo juzgado, responsables condenados… hasta que Pedro Sánchez tomó el control del Tribunal Constitucional con una mayoría de magistrados designados por el PSOE, que elevaron a la presidencia a Cándido Conde-Pumpido.

Aquello fue en enero de 2023; han pasado dos años y medio, pero Pumpido tenía varios encargos fundamentales. Y prisa, mucha prisa. La que le metían desde Moncloa y desde Ferraz para enterrar, como si nada hubiera pasado, tanto el fraude de los ERE de Andalucía como el intento de golpe de Estado en Cataluña, avalando la amnistía. Lo de los ERE lo ejecutó hace un año —por cierto, tal día como hoy, un 16 de julio—, actuó como una especie de tribunal de casación, el Constitucional anuló las sentencias contra Chaves y Griñán, y dejó en la mínima expresión el mayor caso de corrupción de la historia de España. Buen trabajo de Cándido, de guante blanco. Esto supuso un auténtico revés para el Supremo, pero sobre todo para el tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzgó, sentenció y condenó a los responsables del fraude.

Durante todo este año, desde la Audiencia de Sevilla han tratado de evitar la impunidad de Chaves y Griñán. ¿Y qué han hecho?

Aquí está la novedad: han ido sustanciando cuatro cuestiones prejudiciales —cuatro consultas— que ya se han presentado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y quieren que se pronuncie para evitar que se produzca un riesgo sistémico de impunidad en escenarios similares y para salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea. ¿Y por qué señalan esto último? Es una de las claves de las cuestiones prejudiciales, porque la Audiencia de Sevilla entiende que el Constitucional español, el Constitucional de Pumpido, está imponiendo una interpretación restrictiva del concepto de fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión respecto del delito de malversación sobre fondos públicos.

Lo que dice la Audiencia de Sevilla no es nada menor:

Se extralimitó en sus funciones, invadiendo las competencias de la jurisdicción ordinaria (lo del tribunal de casación que te decía antes)

Que, ante el mayor caso de corrupción de la historia de España, anulando las condenas a Chaves y Griñán, se desprotege el patrimonio público. El dinero de todos. Ese que tú y yo pagamos religiosamente con los impuestos, que luego nos cuentan que va para la sanidad, para la educación, para nuestro bienestar

Que va unido a lo anterior: lo que hizo la mayoría sanchista del Constitucional merma la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos públicos.

¿A qué se entiende perfectamente lo que la Audiencia de Sevilla ha elevado al Tribunal de Luxemburgo?

Bueno, ahora el Tribunal de la Unión tendrá que decidir si esa sentencia del Constitucional sobre los ERE se adecúa al derecho comunitario, si se ajusta a la jurisprudencia que ha establecido. Y, hasta entonces, se suspende la aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional. Griñán no va a entrar en la cárcel —esto se da por descontado—, todo esto porque la Audiencia de Sevilla decidió suspender el ingreso en prisión del expresidente de la Junta durante cinco años por la enfermedad que padece.

Y sí, sí, nos queda la justicia europea también en el caso de la amnistía aprobada por el Gobierno para perdonar y olvidar los delitos que se cometieron en el intento de golpe separatista del 1 de octubre de 2017. Te venimos contando que la amnistía fue avalada después por el Constitucional, con un papel, una vez más, destacadísimo de Pumpido.

La última palabra sobre la amnistía —ya le gustaría a Sánchez— no la tiene el Constitucional. La última palabra, que no deja de ser una última batalla jurídica contra el perdón total para los golpistas, la ha comenzado a estudiar en Luxemburgo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en esos primeros compases, en esa primera vista, la Comisión Europea, con su representante, el abogado Carlos Urraca, lo que ha venido a hacer es una enmienda a la totalidad, porque va a lo nuclear de la ley.

Pues que dañan, y muy poco más. Ahí es donde hay que poner el foco: en una autoamnistía de libro que está prohibida por la normativa europea, y con la que, gracias a Sánchez —y después gracias a Pumpido—, los golpistas catalanes se aseguraron su impunidad.