"Manda narices que tenga que venir la justicia europea a decirle al gobierno más progresista de la historia que deje de abusar de sus trabajadores públicos"

Entre tanto juicio y tanta guerra, igual pasa desapercibida una noticia importante para casi un millón de españoles. Bueno, y para todos los demás también, porque todos necesitamos sus servicios. Me refiero a los interinos, esos trabajadores públicos sin plaza fija, a los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de darles la razón porque en casa no se la daban. Y es que España sigue sin tomar medidas para atajar la temporalidad que sufre el sector público. Es más, la fórmula del indefinido no fijo con la que el gobierno ha pretendido parchear esta situación no es válida según el Tribunal Europeo.

Ese indefinido no fijo viene a ser para el sector público lo mismo que para la empresa privada es el fijo discontinuo. No hablamos de alguien que tiene un trabajo permanente. En el caso de los interinos, ahora mismo solo lo tienen hasta que la plaza se asigna o se amortiza. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, pide sanciones para evitar que esta situación de abuso se perpetúe, porque resulta que la temporalidad en el sector público dobla la del sector privado en nuestro país.

Este dato es muy revelador porque desmonta ese mantra tan extendido en la izquierda de que la administración, el sector público, lo público, el Estado protege mejor los derechos laborales, mientras que la empresa privada es ese territorio abonado a la explotación, ese mito dickensiano de los malvados empresarios con puro y chistera que abusan de sus trabajadores. Bueno, pues en España es al revés. ¿Y ahora qué? Pues ahora después de esta sentencia que afecta a los 800.000 interinos que hay en España la respuesta la tiene el Tribunal Supremo, pero manda narices que tenga que venir la justicia europea a decirle al gobierno más progresista de la historia que deje de abusar de sus trabajadores públicos.

Regularización de migrantes

Y hablando de solventar situaciones injustas, tenemos que hablar de la regularización extraordinaria de migrantes que ayer fue aprobada por el Consejo de Ministros. Vamos a intentar explicar con detalle esta decisión porque va a tener muchas consecuencias sociales, políticas y económicas para nuestro país. Algunas serán buenas, y otras me temo que no tanto. Empecemos por el principio. El principio es que una serie de organizaciones no gubernamentales de carácter social con Cáritas a la cabeza, recaban cientos de miles de firmas de españoles para tramitar una iniciativa legislativa popular que reconozca los derechos laborales de todas esas colombianas, ecuatorianos, venezolanos, marroquíes, extranjeros, de tantas otras nacionalidades que llevan años ya trabajando entre nosotros y para nosotros, que han acreditado suficientemente su voluntad de integración, que solo quiere tener los mismos derechos que el resto de currantes.

Algunos llevan 10 años cuidando ancianos, repartiendo comida, podando jardines, limpiando escaleras, y es de justicia que reciban los papeles de una vez por su trabajo. Es de justicia y es de interés nacional porque nadie hará esos trabajos por ellos en un país donde no nacen suficientes niños y porque necesitamos también su contribución fiscal, que entren en el sistema, que coticen y todos nos beneficiamos. Y no es verdad que se les vaya a dar el derecho a voto, eso tarda bastantes años más.

Lo ideal para empezar habría sido un debate parlamentario y no un Real Decreto. En su momento, la iniciativa legislativa popular obtuvo un gran consenso en el Congreso cuando se admitió a trámite con el voto a favor del PP. ¿Por qué ahora se ha roto ese consenso? Pues porque la medida ya no recoge del todo el espíritu original. Para empezar, la iniciativa original contemplaba medio millón de personas y con los requisitos extremadamente laxos planteados por este gobierno a instancias de sus socios de extrema izquierda, los expertos se temen que el decreto se convierta ahora en un coladero para millón y medio de personas. Y esa cantidad preocupa en muchos ámbitos. En los barrios populares, en las listas de espera de hospitales y escuelas, en las embajadas y consulados para el papeleo, en los tribunales donde se espera un atasco babilónico y en los países vecinos de la Unión Europea, donde gobiernos de todos los colores están adoptando medidas restrictivas en materia de inmigración. O sea, que en esto también vamos a contracorriente del consenso europeo.

Es verdad que el gobierno al final ha optado por un modelo algo más restrictivo después del informe crítico del Consejo de Estado. Ya no basta con una declaración responsable. Ahora los interesados en esta regularización deben presentar un certificado de que no tienen antecedentes penales. Y si no lo consiguen, el gobierno dice que les ayudará a solicitarlo por vía diplomática en un plazo de 3 meses. Los extranjeros podrán presentar sus solicitudes en oficinas de la seguridad social, de Correos y de extranjería entre mañana jueves y el 30 de junio de 2026. Pero además del certificado de antecedentes penales, deberán acreditar que llegaron a España antes del 1 de enero del 2026, haber permanecido en el país al menos 5 meses consecutivos, no representar una amenaza para el orden público, tener algún vínculo laboral... Ahora, los que no cumplan estas condiciones tampoco serán expulsados, lo cual abona el terreno para la picaresca, para el fraude o para el efecto de llamada por un lado, o para el atasco y la frustración por el otro. Es difícil hacer una regularización. Por eso el consenso era oportuno. Pero las posibles contraindicaciones a Pedro le dan igual. A él le importa el rédito político.

Por eso ha escrito una carta a los españoles, una epístola a los celtíberos para intentar rehabilitar su imagen pública posando de humanitario, porque ahora está en esas, el superhéroe de la paz que encima acoge inmigrantes, un San Francisco de Asís con TikTok, eso es lo que tenemos. Y a pesar de tanta bondad, el matrimonio Sánchez Gómez vuelve de China a un país que no les quiere tanto como debería, un país que no les agradece todo lo que hacen por la paz y la convivencia en el mundo. Un país donde vive un juez llamado Juan Carlos Peinado, contra el que el Gobierno, con Bolaños y Puente a la cabeza, ha desatado una cacería infame y además contraproducente. ¿No se dan cuenta de que cuanto más atacan a Peinado, más inseguros parecen de la inocencia de Begoña y más culpable parece ella, a ojos del jurado de ciudadanos comunes que la van a juzgar?

Si estuvieran convencidos de la inocencia de Begoña Gómez, demostrarían esa tranquilidad, pero están muy nerviosos. ¿Por qué? Y además, yo no sé por qué se llevan tan mal Sánchez y Peinado, si en el fondo están de acuerdo en lo fundamental. “El tiempo y la justicia nos terminan poniendo a todos en nuestro lugar” y Peinado cree que el lugar de Begoña Gómez es el banquillo de los acusados.