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Muy buenos días, España, qué días de temporal, qué barbaridad. El norte en alerta, las olas creciendo, y una segunda borrasca en lontananza, como si no tuviéramos bastante con cuatro personas fallecidas. Verdaderamente, en vísperas de Navidad, es claro que no tenemos la sartén por el mango. Que la inmensa naturaleza va antes que nosotros.

En octubre de 2017, la convivencia entre todos los españoles sufrió un golpe sin precedentes. Ni en una comunidad de simples vecinos es posible convivir si no se observan las normas. Pues el independentismo catalán se apropió, contra todas las leyes, de las instituciones locales y convocó un referendo de independencia. Días después, muchos ciudadanos contemplamos, con el corazón encogido de pena, cómo la mitad de la cámara catalana participaba en una votación de proclamación de secesión de la nación de todos. Muchísimas personas permanecieron mudas ante las pantallas de televisión. ¿De verdad nadie iba a hacer nada? El Rey nos sacó de aquella atonía. La defensa que el Monarca hizo de la Constitución de todos puso un límite al egoísmo unilateral, que nos trata a todos como si Cataluña no fuese nuestra patria. Con enorme esfuerzo, salvaguardando todos los extremos de la ley, con el vértigo de poner en marcha un mecanismo de la Carta Magna que nunca en nuestra corta historia democrática se había aplicado, los poderes ejecutivo y legislativo pusieron en marcha el llamado artículo 155, para suspender la autonomía de Cataluña. Durísima medida, pero indispensable protección de los derechos de millones de ciudadanos catalanes que estaban siendo arrollados por la política de hechos consumados del nacionalismo excluyente.

La medida nos costó, porque a los españoles nos cuesta el consenso. Socialistas y Ciudadanos excluyeron del 155 a los Mossos d’Esquadra y a los medios de comunicación locales, los tristemente famosos TV3 y Cataluña Radio. En cualquier caso, se logró un acuerdo histórico entre partidos de mayoría, de la izquierda a la derecha. Por supuesto, los criminales fueron puestos a disposición de la Justicia y juzgados y condenados, excepto los cobardes que emprendieron la fuga.

Pues escuchad ayer a la ministra portavoz del Gobierno socialista en funciones, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros. Escuchad cómo abomina de las propias decisiones del mismísimo Pedro Sánchez, al lado entonces de Mariano Rajoy.

Que el juicio de los golpistas ha sido una losa. Dice la ministra que lo que hicieron los independentistas, esto es, llamar por teléfono desde las consejerías a los directores de los institutos catalanes para presionarlos y usar los centros como colegio electoral ilegal, hacer propaganda institucional animando a la gente a votar ilegalmente, forzar una intervención policial y votar la ruptura de España no merecía juicio. Que se trató de un problema político.

Pocas veces he visto un cinismo tan descomunal, incluso en política. Qué abyección. Qué impropio de tan viejo partido democrático desguarnecer el enorme esfuerzo de los jueces. Mentir sobre la naturaleza de tan graves sucesos. Venderse por un plato de lentejas y un coche oficial. ¿De verdad merece la pena formar Gobierno así? ¿Desacreditando las instituciones y sembrando la confusión entre los españoles? ¿Qué no era cosa de tribunales? ¿Y por qué salió el Rey, que nunca entra en política? ¿Por qué hubo acuerdo de poderes? ¿Por qué, juicio?

El PSOE está llegando a la más profunda humillación al hincarse de hinojos ante Esquerra Republicana rogando su abstención. España ¿de verdad no podemos ir a una gran coalición a la alemana?, ¿o a un Gobierno con Ciudadanos, apoyado por PP? ¿Hay, de veras, que aguantar esto y, además colaborar?

Porque la ministra Celaá no hacía sino responder a lo que unas horas antes había pedido Marta Villalta en nombre de Esquerra, que el Gobierno y la Abogacía del Estado respalden la inmunidad de Oriol Junqueras y se movilicen por su libertad, sólo por que el tribunal de Luxemburgo ha dictaminado que no habría que haberlo sometido a prisión provisional por ser representante electo, y por lo tanto inmune.

Nada va a cambia, porque ahora Oriol no está en prisión provisional, está en la cárcel con condena firme. Y el fugado Puigdemont solo gozará de estatus parlamentario hasta que la cámara europea a la que pertenece responda al requerimiento de suspensión de inmunidad que plantearán nuestros tribunales en Bruselas.

Pero lo que cambiará definitivamente en España, por culpa del Gobierno socialista, si esto sigue así, será la solidez de las instituciones.

¿De verdad merece la pena ridiculizar a los tribunales para formar el gobierno frankenstein?, ¿presionar así a la fiscalía o la abogacía del estado?

En fin, Bismark, dicen, bromeaba sobre la solidez de España, diciendo que era un país único capaz de sobrevivir a los ataques constantes de los propios españoles. Yo creo, con él, que un país tan hermoso y deseado por todos, con tan gran Historia y gente alegre y valiente no sucumbirá a tanta idiocia.