El burka en la vía pública: “¿Por qué prohibir donde cada uno viste como quiere?"

El debate sobre el uso de coberturas islámicas totales, como el burka y el nicab, ha vuelto a la primera línea política después de que el Congreso de los Diputados tumbara esta semana una propuesta de VOX para vetar estas prendas. A esta iniciativa le han seguido otras del PP y Junts, que sugieren una prohibición similar, reavivando una compleja discusión que afecta a derechos fundamentales. Para analizarlo, 'Fin de Semana'  ha contado con la intervención de Rafael Palomino, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de Madrid.

Preguntado sobre si una prohibición de este tipo atenta contra la libertad religiosa, Palomino afirma que “atenta contra el derecho de libertad religiosa”. El catedrático ha explicado que, aunque la libertad religiosa no es un derecho ilimitado y puede ser restringido por intereses preponderantes, vestir estas prendas “lo hacen por motivos religiosos” y, por tanto, se debe considerar “un ejercicio legítimo de la libertad religiosa”. El debate, según él, reside en los límites de esa regulación.

Una propuesta 'muy indeterminada' y con incoherencias

El principal problema de la propuesta debatida en el Congreso, según Rafael Palomino, es que la limitación que plantea es “muy indeterminada”. La iniciativa busca prohibir el burka y el nicab en los “espacios públicos”, un término que para el experto genera una gran inseguridad jurídica. “¿Qué entiende usted por espacio público?”, se ha cuestionado.

El catedrático ha diferenciado entre lugares donde la identificación es crucial por razones de seguridad, como “una comisaría de policía o un aeropuerto”, donde sí vería justificada una limitación, y la vía pública. “¿Por qué vamos a realizar una prohibición en un sitio donde cada uno en principio puede ir como quiere ir vestido?”, ha cuestionado, añadiendo que la situación sería distinta si la persona se negara a ser identificada por la policía, un matiz que la propuesta no contempla.

Además, Palomino ha señalado que el texto de la proposición es difícil de comprender para el ciudadano medio, ya que “no es inteligible”. El catedrático ha destacado que existen “una serie de incoherencias”, como calificar la infracción como leve en la ley de seguridad ciudadana mientras, al mismo tiempo, se modifica el Código Penal. “No se sabe exactamente qué es lo que pretende”, ha sentenciado.

Argumentos más allá de la seguridad

Más allá del argumento de la seguridad, existen otros factores sociológicos, como una “progresiva sensibilidad hacia la inmigración islámica” y argumentos sobre la “dignidad de la mujer”. Palomino ha respondido que la propuesta de Vox “va en directo en contra de una determinada población”, al mencionar específicamente el nicab y el burka, a diferencia de legislaciones como la francesa, que hablan de ocultación del rostro en general.

El catedrático ha criticado que se trate al mundo islámico de forma “absolutamente uniforme”, sin reconocer su diversidad. Ha puesto como ejemplo su experiencia en la Universidad Complutense de Madrid, donde alumnas con pañuelo conviven con total normalidad junto a compañeros de otras creencias. En su opinión, este tipo de propuestas siguen una senda de “cuidado que viene el lobo” que “no ayuda a la integración”.

Asimismo, Palomino ha alertado sobre el riesgo de abrir la puerta a otras prohibiciones, como impedir que las niñas lleven el hiyab en los colegios o que las monjas católicas usen toca. “En nuestra sociedad española, diversa y plural, jamás hemos criticado a las monjas por el hecho de llevar toca”, ha recordado. El experto defiende que una vestimenta solo podría restringirse si “impide que la docencia se imparta con normalidad”, pero no por otros motivos.

El falso argumento de la reciprocidad

Finalmente, ante el extendido argumento de la reciprocidad —la idea de que si en los países musulmanes se imponen restricciones, España también puede hacerlo—, Palomino se ha mostrado tajante. Ha calificado este razonamiento de incoherente y ha defendido que España debe respetar los derechos humanos porque es parte de su “cultura” y “civilización”, incluso si otros países no lo hacen.

“¿Qué voy a hacer? ¿Seguir una conducta contraria a aquello que son mis principios, que son precisamente los derechos humanos? Me parece absolutamente incoherente”, ha concluido el catedrático. Ha recordado además que muchos de los afectados por estas medidas no son extranjeros, sino “tan españoles como yo” que profesan la religión musulmana.