El Ayuntamiento de Madrid vuelve a estar en el centro de la polémica. La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella ante los juzgados de instrucción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño Cerón por cobrar comisiones millonarias al "inflar" el precio de la compra de material sanitario para la pandemia que costó 10,8 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid.

Ante este escándalo, la izquierda ha pedido la dimisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La coportavoz estatal de Unidas Podemos y diputada en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha justificado esta exigencia porque "su entorno más cercano se estaba forrando y saqueando instituciones en lo peor de la pandemia".

José Luis Martínez-Almeida se ha defendido de las acusaciones de la presunta complicidad del Ayuntamiento de Madrid en esta polémica explicando que "la situación era dramática" y que el único objetivo de los funcionarios era "conseguir material cuanto antes" y que llegase lo más rápido posible. "¿Se cree que en ese momento se podían comparar precios? ¿De verdad piensan que el Ayuntamiento tenía algún interés en pagar algún sobreprecio?", pregunta irónicamente.

Además, a través de su cuenta de Twitter, el alcalde ha criticado que la izquierda reclame su dimisión cuando Ada Colau, Mónica Oltra y el hermano de Ximo Puig están siendo investigador.

---

---

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ada Colau, investigada por presunta malversación y prevaricación

El pasado enero, la Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación a la alcaldesa de Barcelona por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude en la contratación y negociaciones prohibidas a funcionario público. Tras conocerse estas informaciones, Ada Colau mostró su "perplejidad", consideró "fuera de lugar plantear ningún cese" y no ha dimitido.

Esta investigación se llevó a cabo tras la denuncia de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática contra Ada Colau por presuntamente destinar fondos públicos a estudios que no estaban asociados a la actividad del Ayuntamiento de Barcelona. Entre los destacados se encuentran el del "fortalecimiento de capacidades organizativas e incidencia en La Toglla-Quito (Perú) o el de fortalecer capacidades en la provincia de Inhambane (Mozambique).

La querella detalla que "de confirmarse las acusaciones, el Ayuntamiento habría otorgado ayudas de forma arbitraria y sin la tramitación formal con el único objeto de financiar los salarios, actividades y funcionamiento general de organizaciones afines, como las ya mencionadas, en forma de subvenciones directas, convenios o contratos menores para la redacción de estudios e informes que nada tenían que ver con las competencias".

Mónica Oltra y su presunto encubrimiento a los casos de abusos sexuales a menores

A principios de abril, el Juzgado de Instrucción número 15 de València ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que impute a la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, por el caso del encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

En este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El juez considera que hay indicios "racionales, serios y fundados" de la participación de Oltra en los hechos investigados y considera que no resulta posible progresar en la investigación sin que la consellera sea oída como investigación.

También pone de manifiesto que la Conselleria decidiera, "inexplicablemente", no derivar a la niña al Servicio de Atención Psicológica especializado para valorar a víctimas de abusos sexuales; y que se hiciera constar en un informe que la niña recurría a la mentira con frecuencia.

El hermano de Ximo Puig, imputado por las ayudas concedidas a sus empresas

El hermano de Ximo Puig, Francis Puig, está imputado por un presunto fraude de ayudas recibidas por dos sociedades de su propiedad entre 2015 y 2018 de los Gobiernos de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, en el caso de Aragón dos ayudas de 19.664 euros cada una en 2018.

El presidente de la Comunidad Valenciana declaró que está tranquilo ante la investigación judicial de las ayudas concedidas a empresas vinculadas a su hermano, Francis Puig.