El exrector de URJC Fernando Suárez ha defendido hoy ante la jueza que el Trabajo de Fin de Máster (TFM) no era obligatorio el año que el presidente del PP, Pablo Casado, aprobó su título, de cuya gestión ha responsabilizado íntegramente al exdirector del máster Enrique Álvarez Conde.

Suárez ha comparecido como investigado por los delitos de falsificación documental, prevaricación y cohecho ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, por partida doble: en la pieza C, referente al líder popular; y en la pieza D, sobre las convalidaciones a Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitividad entre 2011 y 2016.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que Suárez ha querido dejar claro ante la jueza que no sabía "nada de Pablo Casado".

Y ha manifestado que no le consta que en el curso 2008-2009 del máster de Derecho Autonómico de la URJC, que cursó el líder del PP, hubiera que presentar un trabajo de fin de máster, como así defiende Casado, que alega que siempre cumplió la normativa entonces vigente.

Ahora bien, pese a que no era obligatorio, ha precisado que la libertad de cátedra ampara a los docentes en el caso de que quisiesen crear un tribunal para evaluar algún trabajo.

La jueza citó a Suárez por "constar su firma en condición de rector de la URJC en el acuerdo de 9 de febrero de 2009 de convalidación de asignaturas a determinados alumnos en el Máster Oficial de Derecho Autonómico y Local de la URJC en su edición 2008-2009", que fue el que cursó el líder del PP.

Dicho esto, ha responsabilizado a Álvarez Conde -con quien no mantenía relación alguna- del reconocimiento de créditos en el máster -Casado solo cursó 20 de los 60 créditos- y de la comprobación de expedientes de los alumnos.

Al respecto, ha confirmado que cualquier licenciado tenía derecho al reconocimiento de los 40 créditos, como así hizo Casado con sus estudios de Derecho, si bien ha dejado claro que no se podía obtener el título si no se superaban los restantes 20 créditos.

Igualmente, ha señalado que la asistencia a clase dependía del criterio de cada profesor, en este caso de Álvarez Conde y Alicia López de los Mozos, los dos únicos docentes que calificaron los cuatro trabajos que presentó el líder del PP para aprobar.

Aunque no ha querido entrar a valorar la actividad docente de cada uno, ha reconocido que había un mecanismo por el que se podía dispensar la asistencia a clase por temas de conciliación.