IU-Lorca denuncia el embargo de una vivienda

La concejala de IU-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado hoy el embargo de la vivienda de una vecina de Lorca a causa del reintegro de una ayuda de reparación por los terremotos de Lorca, sanciones de tráfico y el impago del sello del coche. La deuda inicial de esta vecina era de 17.519,62 euros, pero, tras la aplicación de recargos de apremio, gastos, costas e intereses de demora, ahora se sitúa en los 28.685,72 euros.

Se da la circunstancia de que la afectada, de 50 años, tiene un grado de discapacidad del 65% ya que padece un trastorno mental de esquizofrenia paranoide y factores sociales complementarios. Vive con una pensión no contributiva de 350 euros y su familia teme que se pueda quedar en la calle si la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, que han embargado el 33,33% de la finca en la que vive, deciden hacer efectivo el cobro de la deuda mediante la venta de esta participación en subasta pública.

Los dos hijos de la afectada, que desconocían los impagos hasta que una tía recogió hace unas semanas la diligencia de embargo, han mostrado su “total disposición” a saldar con el Ayuntamiento las deudas de su madre por las multas de tráfico (aunque las infracciones no fueron cometidas por ella) y por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. En ese sentido, Martín ha pedido al alcalde de Lorca, Diego José Mateos, “sensibilidad” para buscar una solución a este doloroso caso.

Sobre la deuda con la Comunidad Autónoma, la concejala de IU-Verdes ha anunciado que su grupo municipal asesorará a la familia de la afectada para la presentación de un recurso extraordinario de revisión, mediante el que solicitará la anulación de los actos administrativos que dan lugar al embargo de la vivienda. “Creemos que el grado de discapacidad psíquica de esta vecina afectó gravemente a su capacidad de decisión y condicionó el modo en que intentó hacer valer sus derechos frente a la administración”, dijo Martín.

La concejala de IU-Verdes aseguró que, en cualquier caso, el drama que vivieron los afectados por los terremotos de 2011 y la complejidad del proceso de concesión y justificación de las ayudas de reparación de las viviendas siniestradas, “jamás debería tener como consecuencia que alguien pueda llegar a perder su casa”.