El Gobierno rectifica y reduce de 350 a 200 las plazas del polémico centro de refugiados de Vitoria

El Gobierno de España ha decidido finalmente reducir a 200 el número de plazas del centro de acogida de refugiados proyectado en la antigua residencia de Arana, en Vitoria. La alcaldesa de la ciudad, la socialista Maider Etxebarria, ha sido la encargada de anunciar este viernes la decisión, que rebaja las 350 plazas previstas inicialmente en este polémico proyecto.

Claves del acuerdo

Entre las medidas acordadas con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se encuentra la apertura progresiva del centro, el uso compartido de algunas dependencias por parte de los vecinos y el compromiso de coordinación con las instituciones implicadas, como el Gobierno vasco y la Diputación de Álava. Además, se intentará priorizar la acogida de núcleos familiares con especial atención a la infancia.

La alcaldesa ha calificado la revisión de los planes como un paso "muy importante, fruto del diálogo y la colaboración institucional". Según Etxebarria, este acuerdo "permitirá adaptar este recurso a la realidad y a las necesidades de la ciudad y garantizar al mismo tiempo una mejor integración de las personas refugiadas".

Ofrecer techo, atención, ayuda y dignidad a personas y familias solicitantes de asilo o refugiadas"

Maider Etxebarria, alcaldesa de VItoria

Diálogo y discrepancias

Etxebarria ha agradecido la receptividad y compromiso del Ministerio en un proyecto que, según sus palabras, persigue ofrecer "techo, atención, ayuda y dignidad a personas y familias solicitantes de asilo o refugiadas". El anuncio se produce después de que PSE, EH Bildu y Sumar pidieran en el Parlamento Vasco un "diálogo constructivo" sobre el centro, exhibiendo una mayoría de izquierdas alternativa en el Parlamento vasco, donde prevalece en las votaciones la suma de PNV y PSE.

El PNV, socio de los socialistas en las principales instituciones vascas, mantiene importantes discrepancias. Los nacionalistas, cuando se anunció la petición de rebaja de plazas ahora confirmada, ya mostraron su rechazo a un centro "impuesto por el Gobierno de España" por considerarlo "incompatible con el modelo vasco de acogida", que apuesta por recursos más pequeños.

Más contundente aún es el rechazo del PP, que ha recabado más de 8.000 firmas para pedir la paralización del proyecto.