Transportistas: "Un camión que consume 1.000 litros de diésel recibe 150 € de ayuda, en vez de los 200 € que corresponderían al 20 %. Si antes ya tenían 50 € de descuento por gasóleo profesional, la diferencia real se amplía hasta 100 € menos"

Este domingo ha entrado en vigor un paquete de hasta 80 medidas del Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El plan moviliza 5.000 millones de euros con la intención de que las familias y los sectores más afectados puedan notar un respiro en sus bolsillos.

Entre las acciones más destacadas está la reducción del IVA del 21 % al 10 % en electricidad, gas y carburantes, una rebaja que se reflejará directamente en la factura de los hogares. Además, se han preparado descuentos y ayudas directas para colectivos vulnerables, incluyendo pensionistas y familias con bajos ingresos.

En el terreno fiscal, se suspende temporalmente el impuesto de generación eléctrica del 7 % para las compañías y se reduce casi a cero el impuesto especial sobre la electricidad que pagamos los consumidores (del 5,11 % al 0,5 %). También se congela el precio máximo del butano y el propano, para evitar subidas inesperadas que afecten a miles de hogares.

Congelación de alquileres y dudas sobre su eficacia

El Ejecutivo ha aprobado un segundo decreto que contempla la congelación temporal de los precios del alquiler, una medida que ya se aplicó en crisis anteriores. Sin embargo, esta iniciativa enfrenta dificultades en el Congreso, y su aplicación real podría quedar limitada. La idea es que funcione como un alivio inmediato para quienes pagan más de la cuenta en sus viviendas, aunque muchos expertos dudan de su impacto a largo plazo. 

Transportistas de La Rioja alertan: “Nos dejan fuera del plan”

No todos los sectores han recibido con buenos ojos estas medidas. La Asociación de Transportistas y Logistas de La Rioja (ATRADIS) ha mostrado su descontento y ha advertido sobre movilizaciones nacionales si el Gobierno no rectifica antes de final de marzo.

Según ATRADIS, mientras los consumidores particulares prácticamente ven compensado el impacto de la subida de la gasolina, los transportistas profesionales apenas reciben la mitad del sobrecoste que han soportado, que en estas tres semanas de guerra ha alcanzado los 250 millones de euros en diésel.

Aunque el plan incluye una bonificación de 20 céntimos por litro, en la práctica se queda en 15, porque se elimina el gasóleo profesional, vigente desde 2007. Esto deja al sector en una situación que consideran muy injusta y lejos de lo prometido en el decreto.

Un camión que consume 1.000 litros de diésel recibe 150 € de ayuda, en vez de los 200 € que corresponderían al 20 %. Pero si antes ya tenían 50 € de descuento por gasóleo profesional, la diferencia real respecto a la ayuda prometida se amplía hasta 100 € menos al mes.

Otro problema crítico es la limitación para repercutir los incrementos de costes a los clientes. La fórmula aprobada en 2022 tras la guerra de Ucrania no se ha actualizado con el porcentaje actual que representa el diésel en los costes de explotación. Esto complica gravemente la capacidad de las empresas de transporte para mantenerse a flote en un contexto económico complicado.

ATRADIS insiste en que estas medidas no solo son insuficientes, sino que colocan al sector en peor posición que antes. “El sector no puede aceptar un decreto que le deja en peores condiciones”, han asegurado, dejando claro que la movilización es inevitable si no hay cambios. 

Qué esperan las familias y qué falta por aclarar

El paquete de medidas llega en un momento de incertidumbre internacional, con subidas de precios que afectan a toda España. Las familias notarán un alivio en la factura de luz y gas, así como en el precio del carburante y del butano. Sin embargo, sectores productivos como transporte, agricultura y ganadería reclaman más atención, porque las ayudas actuales no cubren completamente sus necesidades.

El Gobierno ha querido mezclar medidas inmediatas con soluciones a corto plazo, pero algunos expertos advierten que podrían ser insuficientes si el conflicto se prolonga. La clave está en que la economía se adapte al nuevo contexto internacional sin dejar atrás a los más vulnerables ni a los sectores estratégicos que mantienen el país en movimiento.

Con este paquete, el Ejecutivo busca reducir la presión en los hogares y proteger a los colectivos más expuestos, mientras se trabaja en medidas adicionales que permitan a los transportistas y a otras empresas mantener la actividad sin arriesgar su viabilidad.