El veto a nuevas piscinas en Maó pone en alerta al sector inmobiliario por una posible alza de precios

El Ajuntament de Maó ha aprobado la suspensión temporal de licencias para la construcción de nuevas piscinas durante un año, una medida que ha puesto en alerta al sector inmobiliario. Expertos como el asesor José Pons advierten de que esta restricción podría provocar un aumento en el precio de las viviendas que ya cuentan con esta instalación, al reducir la oferta disponible.

Según Pons, cualquier limitación en el mercado "provoca directa e inmediatamente una reducción de la oferta y, seguramente, tensiona los precios al alza". Esta situación, afirma, creará una clara distinción entre quienes ya poseen una piscina y quienes deseaban invertir en una, afectando a un mercado ya de por sí tensionado.

Una moratoria pionera en Menorca

La decisión ha sido anunciada por el alcalde de Maó, Héctor Pons, y el portavoz de Ara Maó, Jordi Tutzó, en el marco del acuerdo para los Presupuestos de 2026. El objetivo, según el consistorio, no es prohibir, sino "garantizar que el futuro otorgamiento de licencias se haga bajo un nuevo marco normativo alineado con una gestión responsable del agua".

La medida responde al notable incremento de solicitudes: 150 en los últimos cuatro años de un total de 278 en la última década. Con más de 11.000 piscinas en Menorca (una por cada nueve residentes), la isla se sitúa como el territorio con más instalaciones por habitante de España, una realidad que el Ayuntamiento quiere adaptar al estatus de Reserva de Biosfera.

El alcalde Héctor Pons ha defendido la moratoria como una "parada necesaria" para revisar el modelo actual. Ha puesto en valor que el consistorio "haya tomado la iniciativa y que se sitúe históricamente como el mascarón de proa de las políticas de contención y de equilibrio, y esta veda no será una excepción".

Riesgo de inseguridad jurídica

Desde el sector inmobiliario, José Pons ha alertado de que la medida introduce una gran inseguridad jurídica. Advierte de que la prohibición podría derivar en "posibles reclamaciones e indemnizaciones" y ha recordado que "la inseguridad jurídica para cualquier mercado y para cualquier inversión es un muy mal compañero de viaje".

El debate, además, se extiende más allá de los límites del municipio. El portavoz de Ara Maó, Jordi Tutzó, ha hecho un llamamiento al resto de ayuntamientos y al Consell Insular para que tomen medidas similares, argumentando que "los acuíferos no entienden de fronteras municipales".

Hay que recuperar los sistemas de nuestros abuelos''

José Pons

Profesional inmobiliario

El debate: ¿prohibir o gestionar?

Frente a la prohibición, el asesor inmobiliario José Pons sostiene que el problema del agua no se soluciona de esta forma y aboga por evitar "demagogias". Propone como alternativa "crear infraestructuras preparadas para recuperar el máximo de aguas pluviales" y mejorar los sistemas de reutilización, apostando por la gestión en lugar de la restricción.

Esta moratoria se enmarca en un proceso más amplio del equipo de gobierno, que incluye la actualización del Plan de Gestión Sostenible del Agua y del Plan Especial de Sequera. Mientras el Ayuntamiento defiende la medida como un paso hacia la sostenibilidad, el debate queda abierto sobre su efectividad real y sus consecuencias económicas y jurídicas.