La privatización de amarres en el Puerto de Maó deja en el aire a más de cien usuarios locales

Más de un centenar de amarres del Puerto de Maó podrían pasar en breve a gestión privada. La medida, impulsada a través de dos procesos de concesión, amenaza con expulsar a usuarios locales que hasta ahora disfrutaban de condiciones de gestión directa. La asociación Es Jonquet ha sido la primera en alzar la voz, alertando de que la medida transformará el puerto en un espacio reservado para un perfil turístico de alto poder adquisitivo.

El presidente de la entidad, Toni Barber, advierte que la privatización marca un antes y un después en la relación de los menorquines con su puerto. Según explica, mientras la gestión pública ha estado orientada a preservar el acceso a la náutica social y familiar, la lógica empresarial de las concesionarias buscará maximizar beneficios, elevando las tarifas hasta niveles inasumibles para muchos residentes.

Dos áreas críticas en riesgo  

El proceso afecta a dos zonas concretas del puerto. Por un lado, el muelle de Llevant, donde 44 embarcaciones dejarán de estar bajo gestión pública. Por otro, tres pantalanes frente a la Llotja que suman alrededor de sesenta amarres más. En total, más de cien embarcaciones perderán su condición de gestión directa y pasarán a depender de una concesión privada.

La situación se da en un mercado náutico ya muy tensionado en Baleares. La oferta de amarres es limitada, mientras la demanda se incrementa cada año con la llegada de más turistas que buscan el puerto de Maó como base de operaciones en el Mediterráneo. Ese desequilibrio dispara los precios y deja a los residentes en clara desventaja.

Las asociaciones denuncian que este cambio abrirá la puerta a un puerto elitista. Los nuevos gestores encontrarán fácilmente clientes dispuestos a pagar tarifas más altas, lo que relegará a un segundo plano a quienes hacen un uso familiar, pesquero o recreativo modesto de sus embarcaciones.

Malestar con la Autoridad Portuaria

Los colectivos critican también la falta de transparencia de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). Denuncian que no han recibido notificaciones oficiales sobre el proceso y que se han enterado por vías indirectas. Esa ausencia de comunicación incrementa la desconfianza hacia un proceso que consideran lesivo para la ciudadanía.

Desde la APB se asegura que la gestión privada traerá una mejora de los servicios. Sin embargo, los usuarios replican que esa mejora será a costa de perder el carácter social de los amarres. Además, alertan de que no existe un plan claro para reubicar a quienes resulten desplazados, ni un compromiso por escrito que garantice alternativas.

El calendario de cambios es inminente. A partir de octubre podrían llegar las primeras notificaciones de rescisión de contratos, y el resto del proceso se podría completar entre finales de este año y principios de 2026. Para los usuarios, la incertidumbre es total.

Protestas y un paralelismo con la vivienda  

Los afectados ya han comenzado a organizar movilizaciones. La pasada semana, varias embarcaciones salieron al mar en señal de protesta contra la privatización, y no descartan nuevas acciones si no se revierte el proceso.

El caso de los amarres se compara con la presión inmobiliaria en la isla. Según los colectivos, la llegada de capital externo y la falta de políticas de acceso generan un efecto de gentrificación, en el que los residentes pierden opciones mientras los precios suben sin control.

Es Jonquet insiste en que la náutica no es un lujo reservado a unos pocos. Recuerdan que en el puerto de Maó hay muchas familias que hacen un uso sencillo, familiar y sostenible de sus embarcaciones. Para ellas, perder el acceso a los amarres supone una ruptura con su modo de vida y con una tradición marítima estrechamente ligada a la identidad de Menorca.