Menorca tuvo solo dos agentes del SEPRONA en 2023 y 2024, según el PP
El Partido Popular advierte de que esta dotación mínima dificulta la vigilancia de delitos medioambientales y reclama reforzar la plantilla, actualizar el plus de insularidad y asegurar que los agentes especializados permanezcan en la isla

Entrevista al senador Cristóbal Marqués
Menorca - Publicado el - Actualizado
3 min lectura
El Partido Popular de Menorca ha alertado sobre la falta de efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) en la isla, señalando que en 2023 y 2024 la dotación fue de solo uno o dos agentes.
Esta cifra se desprende de los datos oficiales del Gobierno central, obtenidos a preguntas de senadores del PP de Baleares, que revelan que en el conjunto de las Islas Baleares había menos de diez efectivos en esos dos años.
El SEPRONA es la unidad especializada encargada de la protección del medio ambiente y la lucha contra los delitos que afectan a los recursos naturales, un trabajo que en Menorca cobra especial relevancia por su condición de Reserva de la Biosfera y por la presión añadida que supone la actividad turística durante la temporada alta.
La escasez de personal no solo reduce la capacidad de respuesta ante infracciones, sino que compromete la prevención y la vigilancia continuada en un territorio con áreas naturales sensibles, zonas agrícolas y un litoral de gran valor ecológico.
La formación política considera que este déficit limita la capacidad de vigilancia, investigación y sanción en materia medioambiental, especialmente en un territorio con un entorno natural protegido y de alto valor ecológico. La ausencia de una plantilla estable y suficiente dificulta la detección de infracciones, así como la intervención en casos de especial gravedad.
Propuesta de refuerzo y actualización del plus de insularidad
El PP ha registrado en el Senado una iniciativa para que el Ministerio del Interior adopte medidas que permitan consolidar y ampliar la plantilla del SEPRONA en Baleares. Entre las propuestas figura la actualización del plus de insularidad, una compensación económica que no se revisa desde hace más de 15 años y que no cubre el elevado coste de vida en Menorca.
Según el PP, la falta de incentivos económicos provoca que muchos agentes especializados soliciten el traslado en cuanto cumplen el periodo mínimo de permanencia. Esto deja vacantes y reduce la experiencia acumulada de la unidad, dificultando la continuidad de los trabajos de vigilancia.
El SEPRONA tiene competencias en la detección, investigación y persecución de delitos contra el medio ambiente. Entre sus funciones se incluyen la protección de la fauna y la flora, el control del medio rural, la prevención de incendios forestales y la detección de pozos ilegales o captaciones de agua sin autorización.
Hallazgo de un pozo ilegal de 40.000 litros diarios
Uno de los ejemplos recientes del trabajo de esta unidad en Menorca ha sido la detección de un pozo ilegal en un agroturismo de Alaior. La instalación extraía de forma no autorizada hasta 40.000 litros de agua al día, en plena temporada alta.
La intervención se realizó en coordinación con la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear y permitió frenar una sustracción masiva de recursos hídricos. El caso se considera una muestra de la eficacia del SEPRONA cuando dispone de los medios y el personal necesarios para desarrollar su labor.
Coordinación institucional y control hídrico
El PP también ha puesto en valor el trabajo conjunto con el Govern balear, que ha implantado un programa de digitalización de pozos y captaciones de grandes consumidores. Este sistema permite controlar en tiempo real el uso del agua y detectar posibles irregularidades.
No obstante, advierte de que estas medidas solo serán plenamente efectivas si van acompañadas de una plantilla suficiente y estable. La escasa presencia de medios en el ámbito marítimo, donde en la zona de Maó solo se desplaza ocasionalmente una embarcación de la Guardia Civil desde Mallorca, se suma a las limitaciones del servicio.
La propuesta del PP busca que el Estado adopte políticas que permitan a los agentes permanecer en Menorca y que el servicio cuente con los recursos humanos y materiales necesarios. Una plantilla estable se considera esencial para garantizar la protección del entorno natural, la gestión responsable de los recursos hídricos y la prevención de delitos medioambientales.