Menorca exige al Gobierno activar Frontex y pide la dimisión del delegado por "mentir" sobre la inmigración

El pleno del Consell de Menorca ha aprobado este lunes una propuesta del Partido Popular para exigir al Gobierno de España la activación urgente de la agencia europea Frontex en aguas de Baleares. La medida, que busca hacer frente a la creciente presión de la inmigración irregular, ha contado con el apoyo del equipo de gobierno (PP) y de la consellera no adscrita, Maite de Medrano, mientras que los grupos de la oposición, PSOE y Més per Menorca, han votado en contra. La iniciativa eleva la tensión institucional al incluir también una petición formal para la dimisión del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, y de la directora insular en Menorca, Clara Mayans.

El detonante: unas polémicas declaraciones

La solicitud de dimisión se fundamenta en las acusaciones de "mentir" vertidas contra ambos representantes gubernamentales. Según ha defendido el conseller, Joan Pons Torres, el delegado del Gobierno afirmó en el Senado el pasado mes de octubre que Frontex ya se encontraba operando en la comunidad autónoma. "El portavoz de Frontex tuvo que salir a desmentir estas declaraciones", ha asegurado Pons Torres, quien ha calificado los hechos de extrema gravedad.

Desde el Partido Popular han insistido en la necesidad de un ejercicio de "transparencia democrática" y han exigido una rectificación pública. "Pedimos la dimisión del señor Alfonso Rodríguez y de la directora insular por haber dicho una mentira en un tema tan grave y dramático como es la inmigración irregular", ha sentenciado el portavoz popular, subrayando que la falta a la verdad no puede ser tolerada en asuntos que implican un drama humanitario.

Exigimos su dimisión por mentir en un tema tan grave y dramático"

Joan Pons Torres

Conseller del CIME y portavoz del PP

Pons Torres ha recordado el trágico suceso ocurrido el pasado mes de agosto, cuando la llegada de una patera a las costas de Menorca se saldó con cuatro personas fallecidas y varias hospitalizadas en coma. "El drama humanitario de la inmigración irregular ya está llegando a nuestras costas, y no podemos mirar hacia otro lado", ha afirmado. Ha añadido que la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ya solicitó ayuda directamente al comisario europeo, y aunque desde Frontex mostraron una "muy buena predisposición", aclararon que la solicitud oficial debe partir del Gobierno de España, un trámite que, según el PP, "a día de hoy no se ha hecho".

Frontex como solución disuasoria

El equipo de gobierno del Consell defiende que la activación de Frontex es una herramienta crucial para controlar las rutas migratorias y combatir a las mafias que trafican con personas. El portavoz ha puesto como ejemplo la situación en Canarias y en el sur de España, donde, según él, la presencia de la agencia europea ha sido clave. "Según la comisaria de la Unión Europea, allá donde Frontex actúa, se reducen muy significativamente las rutas migratorias irregulares", ha explicado.

Allá donde Frontex funciona, se reducen muy significativamente las rutas migratorias irregulares"

Joan Pons Torres

Conseller del CIME y portavoz del PP

La función de este operativo no sería otra que ofrecer un soporte marítimo, aéreo y terrestre a la labor que ya realiza la Guardia Civil en la vigilancia de las fronteras. Para el PP, no se trata solo de una cuestión de seguridad ciudadana, sino de una emergencia humanitaria. El objetivo final, ha recalcado Pons Torres, es "saturar el tráfico irregular de personas" y evitar que más vidas se pierdan en el mar, garantizando que el Mediterráneo no se convierta en un escenario de tragedias recurrentes.

El drama de los menores no acompañados

De forma paralela al debate sobre el control fronterizo, el pleno también ha puesto sobre la mesa otra de las consecuencias de la presión migratoria: la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA). El conseller ha alertado sobre una "nueva modalidad" que consiste en la llegada de menores en avión que posteriormente son abandonados en la isla. Ha confirmado que se han registrado al menos dos casos recientes en los que los tutores legales han dejado a los jóvenes a su suerte.

Esta situación está generando una fuerte presión sobre los servicios sociales de la isla. La consellera de Bienestar Social, Maite de Medrano, ya ha solicitado ayuda al Gobierno central para gestionar estos casos. Según Pons Torres, el centro de primera acogida, la Casa de la Infancia, se encuentra "desbordada" y por encima de su capacidad. "El Consell tiene que hacer frente a la cobertura legal y humana que necesitan estos menores, pero nuestros recursos son limitados", ha concluido, reclamando al Estado un reparto más justo y solidario de la acogida.