El Gobierno abre la vía para la regularización de miles de inmigrantes a través de un nuevo proceso telemático

El Gobierno de España ha culminado el proceso para otorgar derechos y plenas facultades de integración a miles de personas que ya residen en el país con la publicación de un nuevo real decreto. Desde el Ejecutivo califican la medida como un acto de justicia social y de protección de los derechos humanos, cuyo procedimiento de solicitud se inicia este martes, 16 de abril.

Un proceso ágil y telemático

La vía principal para las solicitudes será la telemática, a través de un apartado específico en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según la experiencia de las oficinas de extranjería, donde más del 90% de los expedientes se gestionan ya de forma digital, se espera que este canal sea el mayoritario. El plazo para presentar las solicitudes se extenderá hasta el 30 de junio del 2026, tal y como ha explicado Rubén Castro, secretario general de la Delegación del Gobierno en Illes Balears. 

La mayoría de las solicitudes se lleven a cabo por esta vía telemática"

Rubén Castro

Secretario general de la Delegación del Gobierno en Illes Balears

Quienes opten por la vía telemática necesitarán un certificado digital y podrán acudir a profesionales o entidades del tercer sector. Para los casos "más residuales" que prefieran la gestión presencial, se han habilitado oficinas de la Seguridad Social y de Correos. En Baleares, se reforzará la Dirección Provincial del INSS en Palma, así como cinco oficinas de Correos en Palma, una en Calvià, una en Mahon y una en Ibiza.

¿Qué pasa con los expedientes en trámite?

Un punto clave es que la resolución de estos nuevos expedientes no recaerá en las oficinas de extranjería locales, sino en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), con sede en Vigo. Sin embargo, los expedientes que ya estaban en trámite, como los de arraigo sociolaboral, seguirán su curso habitual en las oficinas de las delegaciones del Gobierno y serán resueltos por estas.

El Gobierno ha aclarado que las personas con un expediente de arraigo en trámite, que en Baleares suman unos 10.800 expedientes, no deben iniciar el nuevo proceso de regularización. Se va a "agilizar y simplificar el procedimiento de concesión de esos arraigos, para que en el mismo plazo que se va a resolver el proceso de regularización, reciban ellos también la autorización de residencia y trabajo". Los requisitos exigidos serán los mismos para garantizar que no se vean perjudicados, ha declarado Castro.

Crítica al "discurso de odio"

Desde el Gobierno central se ha defendido la medida como una forma de proteger los derechos humanos y dar libertades a personas "para que puedan trabajar en condiciones dignas, para que no sean explotadas y también para que asuman obligaciones". Frente a esta postura, se critica la del Govern balear y el Partido Popular, a quienes acusan de seguir el "discurso de odio, ese discurso racista que hace la ultraderecha".

Seguir ese discurso de odio, ese discurso racista que hace la ultraderecha"

Rubén Castro

Secretario general de la Delegación del Gobierno en Illes Balears 

Se ha descartado un posible colapso de los servicios públicos, argumentando que "son personas que ya están entre nosotros" y ya tienen derecho a prestaciones como la asistencia sanitaria. Además, se subraya que con la regularización "van a aportar con sus obligaciones tributarias y de cotización a una situación de mejora socioeconómica de estas islas". La cifra final de beneficiarios, por ahora, "es una incógnita".