Los autores del libro sobre Meirás confirman un proceso "coercitivo" en su proceso de compra

Los autores del libro 'Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio', Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, han confirmado en el juicio sobre la propiedad del Pazo la existencia de un proceso "coercitivo" para la adquisición del inmueble, con listas negras para los "malos patriotas", así como documentación que acreditaría, según han expuesto, que se entregó a Franco en su condición de "jefe del Estado".

De la gestión y los gastos, han añadido que se encargaba "Casa Civil" -organismo bajo la dependencia de Franco- con un funcionamiento "similar" al del Palacio del Pardo y con el mantenimiento a cargo de instituciones públicas, entre ellas ayuntamientos y la Comandancia de Obras.

"El Ayuntamiento de A Coruña va a ser una empresa de servicios de todas las necesidades que se den", ha resumido Carlos Babío en una declaración como testigos-peritos. A preguntas de la abogada del Estado, ambos se han remitido a la documentación de ayuntamientos, pero también de otros organismos, entre ellos el elaborado por un teniente coronel, que cifra en "millón y pico de pesetas lo recaudado" a través de la suscripción promovida.

"Lo adquiere, amplía y mejora", ha añadido Babío sobre la Junta pro Pazo, incidiendo en que su objetivo con la donación era "convertir A Coruña en la capital del Estado durante un mes". Y es que en la escritura de 1938, por la que este organismo compra el inmueble a los herederos de Emilia Pardo Bázan, se centra la demanda del Estado.

Según la tesis de la demandante y de las demás administraciones intervinientes --Xunta, Diputación coruñesa y ayuntamientos de Sada y A Coruña-- esto demostraría que su transmisión a la familia Franco en 1941 se hizo mediante una "venta simulada".

RESIDENCIA PARA EL JEFE DEL ESTADO

"Cuando asume el donativo, pronuncia un discurso y promete infraestructuras para la provincia de A Coruña y para Galicia", han apostillado sobre Franco y el uso del pazo como "residencia veraniega" del jefe del Estado. Además, Lorenzo ha rechazado que éste hubiese abonado o reembolsado gastos, de forma particular, durante su uso.

En sus intervenciones, en una declaración que comenzó a las 9.30 horas y se prolongó hasta las 16.00 horas, con algún receso, insistieron en el fracaso de la cuestación popular y han rechazado, a preguntas de los abogados de la familia Franco, que hubiese una "cierta voluntariedad", con excepción de determinados casos.

"El propio contexto implica que no lo haya, cuando existe un régimen represivo en el que no se tolera la neutralidad", han respondido a esta parte, que ha centrado sus preguntas en tratar de demostrar que no hubo intervención de las administraciones públicas en el pazo a la muerte de Franco, que Meirás es una propiedad privada y que las aportaciones fueron voluntarias.

"La Falange pasaba por las casas", le ha replicado Babío. "En esa época se podían hacer escrituras de compra-venta sin que se efectuase un pago", ha sentenciado también Lorenzo a la pregunta si no era cierto que se hicieron compra-ventas ante notario con el pago a vecinos afectados.

Antes, han expuesto que en 1938 "se toman las fincas colindantes" al pazo que pasa de 5,7 hectáreas "a más de nueve". De la explotación agropecuaria, Carlos Babío ha admitido que los rendimientos iban en su mayoría para Franco, a preguntas del letrado que representa a la familia.

FRACASO DE LA CUESTACIÓN POPULAR

En similares términos, se ha manifestado el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Xosé Manoel Núñez Seixas, presidente de la comisión de expertos que realizó, en 2018, un informe sobre las posibilidades de incorporar al patrimonio el inmueble.

"Había mecanismos de coerción, desde las visitas de milicianos a las familias puerta por puerta hasta la elaboración de listas negras", ha dicho sobre suscripciones similares a la empleada, según se ha expuesto en el juicio, en Meirás. "No era lo mismo pedir para los heridos en el frente que para que al caudillo se le comprara un pazo", ha añadido sobre el fracaso de la cuestación popular.

Respecto a esta cuestión, Babío y Lorenzo expusieron antes que a los ayuntamientos "se les asignaba cuantías específicas y se suplía lo que no llegaba". "Había listas", ha coincidido también Seixas respecto a los que no colaboraron y aludiendo a la "extrema violencia" en aquellos momentos.

En su intervención, ha explicado que "el propósito inicial era obsequiar una residencia para que, al menos una vez al año, se trasladase el aparato de un naciente estado franquista" hasta la provincia coruñesa con el fin de buscar "la cercanía con el poder".

En relación a este debate que ha centrado parte del juicio, ha admitido que "el plan" inicial se vio modificado "por la voluntad de que ese regalo no se efectúe al Estado, sino a Franco como persona privada", en referencia a la venta de 1941. "Pero respecto a las funciones no cambia", ha añadido vinculándolo a la figura de Franco como jefe de Estado.

Tras la muerte del dictador, ha reconocido que el inmueble pasó a manos de los herederos como "bien privado", algo que Manuel Pérez Lorenzo ha relacionado con la escritura de 1941. "Pasa a la familia Franco por una inscripción que existe", reconoce sobre este documento puesto en cuestión por la Abogacía del Estado y cuya legalidad defienden los Franco.

En su declaración, el catedrático Núñez Seixas ha admitido que Franco figuraba como "contribuyente", en referencia al pago de la contribución, aunque ha apostillado que no le consta que "pagara nada".

Mientras, ha rechazado, a pregunta de la representación de los Franco, la existencia de un proceso "político" con esta causa, incidiendo en que la comisión que elaboró un informe para evaluar los "pros" y "contras" de la recuperación del pazo lo hizo por un acuerdo unánime en el Parlamento gallego.