Ha comenzado el juicio por la propiedad del Pazo de Meirás. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña dirimirá sobre esta cuestión durante toda la semana. La Abogacía del Estado, la parte demandante, defiende que la compra del Pazo por parte de la Familia Franco fue simulada y fraudulenta y argumenta que el inmueble es un bien de dominio público.

En primera sesión de la vista oral han declarado seis testigos. Dos de ellos han ratificados han ratificado que las administraciones prestaron servicios en Meirás con fondos públicos hasta la muerte de Franco y que agentes de la Guardia Civil lo hicieron desde entonces.

Un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña contó cómo varias motobombas de los bomberos y otros trabajadores municipales se trasladaban al Pazo cada verano para prepararlo cuando vivía Franco, Así, según su relato, “jardineros” y “canteros del Ayuntamiento de A Coruña “se trasladaban "habitualmente" a Meirás y cobraban del erario público, puesto que “se les pagaban horas extras”.

Ante el estrado pasaron también personas como Juan Pérez Babío, vecino de Meirás. Relató cómo a su abuela “la habían expulsado” de su casa para que la Familia Franco se hiciese con el pazo. “A mi abuela la terminaron presionando y se tuvo que marchar”. Este hecho, según contó, “la marcó para toda su vida” y la convirtió en una persona “profundamente triste”.

UNA PROPIEDAD PRIVADA, PARA LA FAMILIA FRANCO

La defensa de los herederos de Franco alega que son ellos los legítimos propietarios del Pazo de Meirás. Como prueba, su abogado señaló a la entrada del juzgado que han estado manteniendo el bien y pagando todos los impuestos por él.

Un aliado en su causa ha sido el histórico exalcalde de Sada Ramón Rodríguez Ares, que alegó que Meirás nunca fue del Estado: “Usted habla de recuperación, pero una cosa para recuperarla tiene que haber sido alguien de antes, y eso siempre fue una propiedad privada”, dijo a preguntas del abogado de la Xunta. Para probar su tesis, el exregidor, que gobernó desde 1979 hasta 2007, citó dos intentos de “compra” del Pazo por parte de la Diputación y del Ayuntamiento de A Coruña a principios de los 80.

También declaró Luis Fernando Quiroga y Piñeyro, suegro de Arancha Martínez Bordiú Franco. Fue quien convenció a Carmen Franco de acometer la rehabilitación del Pazo, una tarea para la que no contó con el apoyo de ninguna administración, pese a haberlo pedido al gobierno de Manuel Fraga. “El pazo a Carmen le costó a mucho dinero, porque tuvo muchas obras que hacer”, aseguró, y citó “goteras” o “humedades” como algunos problemas que arregló la familia sin el apoyo público.

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APOYO A LA DEVOLUCIÓN DEL PAZO

Durante toda esta semana declaran ante la jueza casi una veintena de testigos, historiadores o expertos en Derecho, a raíz de la demanda del Estado a la que se han sumado la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y los Ayuntamientos herculino y de Sada.

En el exterior del edificio de juzgados, varias concentraciones demandaron la devolución del bien. En las protestas participaron más de medio centenar de personas con gritos como “el Pazo es del pueblo” o “franquismo nunca máis”