La Junta de Extremadura denuncia a empresas de transporte escolar que ponen "en riesgo" el inicio del curso

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Mérida para garantizar la prestación del transporte escolar en el próximo curso 2025-2026. 

Según explicó, cuando el actual Gobierno llegó al poder en 2023 se encontró con que el servicio se pagaba con precios de 2016, pese a que el anterior Ejecutivo había firmado un acuerdo con las empresas en 2021. En 2024 se alcanzó un nuevo pacto por unanimidad con todo el sector, que supuso un incremento de hasta un 50% en determinadas rutas y una inversión superior a 16 millones de euros.

Sin embargo, un grupo minoritario de empresas ha decidido no presentarse a las licitaciones, lo que pone en riesgo unas 240 rutas escolares y el transporte de 7.000 alumnos extremeños.

“Es un servicio esencial, vital para que los niños, sobre todo en el mundo rural, puedan acudir a sus colegios. No vamos a permitir que se incumpla lo pactado”, subrayó Manzano.

Denuncia por via penal

Desde la Junta de Extremadura se ha precisado a COPE que no se puede obligar a ninguna empresa a presentarse a una licitación pública y que, en ningún caso, se denuncia por ese motivo. Según se ha explicado, la acción judicial emprendida por la vía penal responde a la sospecha de un posible delito de coacciones, al considerar que se habrían producido presiones o amenazas entre compañías para disuadir la participación en licitaciones. Se señala además que dichas conductas habrían tenido como finalidad la alteración de precios y de subastas públicas.

La Junta ha solicitado medidas cautelares para asegurar el transporte escolar desde el inicio del curso, al tiempo que acusa al Gobierno central de “mentir sobre la condonación de deuda” y recalca que “ni un céntimo irá a gasto social” por esta vía, lo que a Extremadura le costará 68 millones de euros.