David Sánchez niega cualquier delito y pide su libre absolución
La defensa del hermano de Pedro Sánchez pide la nulidad de los correos electrónicos intervenidos por la UCO

Daviz Sáchez Pérez- Castejón
Almendralejo - Publicado el
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La defensa de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado un escrito de defensa en la causa penal que se sigue contra él por su puesto en la Diputación de Badajoz. En el documento, la defensa niega de forma rotunda los hechos imputados por las acusaciones populares y solicita la libre absolución de su representado.
El argumento central del escrito es que no existió ninguna ilegalidad en su nombramiento. Sostiene que "los procesos administrativos atinentes a la adjudicación de las plazas de referencia se compadecen estrictamente con la legalidad vigente". Además, la defensa subraya que no se ha acreditado "ni siquiera indiciariamente" ninguna influencia delictiva en la creación o adjudicación del puesto que ocupa.
Negamos el relato de hechos de las acusaciones populares"
Petición de libre absolución
El escrito de defensa concluye de manera tajante: "Negamos el relato de hechos de las acusaciones populares". A partir de esta premisa, la defensa desgrana que, al no existir delito, "no se establece régimen de autoría" ni concurren circunstancias que modifiquen la responsabilidad criminal. Por todo ello, considera que procede la "libre absolución de nuestro defendido, con todos los pronunciamientos favorables".
Las pruebas de la defensa
Para el juicio oral, la defensa de David Sánchez ha propuesto una batería de pruebas que incluye el interrogatorio de los acusados y una extensa lista de testificales. Entre los testigos citados se encuentran el técnico superior de formación del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ángel Seco López, así como varios peritos.
Finalmente, el escrito solicita la práctica de la prueba documental, pero con una excepción clave: pide la nulidad de los correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La defensa argumenta que la autorización judicial para incautar dichas comunicaciones "lesiona derechos fundamentales de los investigados", una cuestión que planteará al inicio del juicio.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
                
                        
                    


