El calvario de Horus, el perro fallecido en una guardería ilegal de Mérida: "Lo entregaron muerto en dos sacos de pienso"

Una pareja de Mérida ha emprendido una batalla legal tras la muerte de su perro, Horus, un lobo checoslovaco de un año, mientras se encontraba al cuidado de una guardería canina que encontraron a través de una aplicación. Los dueños, que ya habían utilizado el servicio en otras ocasiones, dejaron a su mascota el 16 de junio de 2023 y, días después, lo recibieron sin vida, envuelto en sacos de pienso y con una versión de los hechos que pronto se desmoronaría.

La pesadilla se materializó el martes 20 de junio. Tras un fin de semana sin recibir noticias de Horus, algo inusual, y con excusas por parte de la cuidadora, Anabel, sobre un pinchazo y problemas familiares, el dueño fue a recogerlo. Ella se presentó en el punto de encuentro con su pareja y, al abrir el maletero, apareció el cadáver del animal junto al de otro perro. La primera explicación fue que "se habían envenenado en el paseo del lunes por la noche".

Me llamó a la tienda y me dijo que me fuera corriendo a la clínica, que habían matado a Horus"

Celia

Dueña de Horus

Una muerte rodeada de mentiras

Anabel entregó a los dueños dos certificados de defunción supuestamente emitidos por la clínica veterinaria Emérita, pero la familia decidió llevar el cuerpo de Horus a su veterinario de confianza, Rubén Manteca, para realizar una autopsia. Los resultados contradecían por completo la versión oficial: Horus llevaba muerto entre 24 y 36 horas y había sufrido durante las 12 horas previas a su fallecimiento.

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La causa de la muerte no fue envenenamiento, cuyo análisis de tóxicos dio negativo, sino un golpe de calor provocado por unas condiciones extremas. El informe forense reveló que el animal no tenía agua ni comida en el cuerpo y su cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, con larvas de mosca en la boca.

Con estas pruebas, los dueños acudieron a la clínica que firmó los certificados. Allí, un responsable del centro admitió que una compañera había expedido los documentos "por hacerle un favor a Anabel", sin ver a los animales y bajo la falsa premisa de que eran perros callejeros que iban a ser enterrados en una fosa común.

Un negocio presuntamente fraudulento

La investigación de la propia familia, con la ayuda de otros clientes afectados, destapó que la guardería era un negocio completamente ilegal. Los perros no se alojaban en la supuesta casa adaptada que se publicitaba, sino en una nave en Valverde de Mérida, según reveló el GPS que otro cliente le colocó a su mascota. El negocio carecía de núcleo zoológico, CIF, seguro o cualquier tipo de licencia.

A juicio por maltrato animal

El camino judicial ha sido largo y complejo. En una primera instancia, un juez instructor consideró los hechos como un delito leve, pero la familia, representada por la abogada Cristina López Barragán, recurrió a la Audiencia Provincial, que finalmente calificó el caso como un presunto delito penal de maltrato animal.

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El juicio se celebró el pasado miércoles. Durante la vista, la fiscal fue especialmente dura con los dos acusados, Anabel y Carlos, el encargado del transporte. Anabel se defendió alegando que "Carlos le había fallado" mientras ella cuidaba de su madre en el hospital. Carlos, por su parte, asumió la culpa, reconoció no haber ido a ver al perro y dijo que "supuso" que todo estaba bien. La acusación particular pide para ellos 18 meses de cárcel y una compensación por los daños causados.