El PSOE pide un estudio sobre la "tensión inmobiliaria" de Cáceres y medidas para poner en el mercado viviendas vacías

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres ha presentado una moción al Pleno que se celebra este miércoles, 16 de abril, para que se haga un estudio sobre el estado actual del parque de vivienda en Cáceres que permita determinar si en la ciudad se dan las circunstancias que definen la declaración de zona tensionada, y que se adopten medidas para poner en el mercado de alquiler viviendas vacías.

En este sentido, se solicita desarrollar una campaña informativa, dirigida a los arrendatarios, con el fin de dar a conocer las reducciones fiscales en el tramo estatal de IRPF, por el derecho a la vivienda. Y además, "modificar la ordenanza fiscal, reguladora del impuesto de bienes inmuebles, con el objetivo de incorporar la posibilidad de un recargo sobre la cuota líquida del impuesto para los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados de manera permanente".

La portavoz socialista, Belén Fernandez, ha recalcado que Cáceres tiene un "grave problema" de vivienda, ya que es la capital de provincia que ha registrado el mayor incremento del precio del alquiler en toda España durante los dos últimos años.

Fernández ha recordado que la vivienda es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Española y en diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país, pero según se indica en la moción, "este derecho se ve cada vez más amenazado por la escalada de precios del alquiler, que impide a amplios sectores de la población acceder a un hogar digno".

"Esta situación exige una respuesta urgente y decidida por parte de las instituciones públicas, responsables de garantizar el bienestar y la cohesión social", recoge el texto, que insiste en que "resulta especialmente alarmante el caso de Cáceres, capital con el mayor incremento del precio del alquiler en toda España durante los dos últimos años.

Un fenómeno, que según el PSOE está "claramente vinculado a factores como la especulación inmobiliaria, la falta de vivienda pública y la conversión masiva de pisos en alojamientos turísticos", lo que "está desplazando a familias locales, jóvenes y personas vulnerables fuera del mercado de alquiler, profundizando la desigualdad y la exclusión social".

"Las administraciones públicas -en todos sus niveles- tienen la responsabilidad institucional y moral de actuar", se incide en el texto, que asegura que "no basta con observar las consecuencias; es imprescindible implementar medidas efectivas y sostenidas en el tiempo: desde el impulso de la vivienda pública y social, hasta la regulación del mercado del alquiler y el apoyo directo a los arrendatarios en riesgo de exclusión residencial".