Intento de apuñalamiento en la Prisión de Badajoz

Grave intento de apuñalamiento ocurrido en el Centro Penitenciario de Badajoz la pasada semana. Dos internos del módulo 2, tras un "incidente regimental", fueron trasladados al módulo 6 exigiendo compartir celda. Ante la negativa por falta de celdas libres, uno de los presos reaccionó con "extremada violencia y previas amenazas de muerte", intentando golpear a un funcionario, lo que obligó al resto del personal, con ayuda de refuerzos, a inmovilizarle. Al día siguiente, durante el reparto del desayuno, el mismo interno irrumpió violentamente en el pasillo "esgrimiendo dos pinchos carcelarios, uno en cada mano, e intentando apuñalar a los funcionarios presentes". Los trabajadores, poniendo en "grave peligro" su integridad física, lograron reducirlo tras solicitar refuerzos urgentes.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado los hechos, atribuyéndolos directamente a la falta de recursos y personal. La indignación de los funcionarios se ha agravado por la respuesta institucional a estos hechos de extrema violencia. La APFP ha solicitado el traslado inmediato del interno a otro centro y la aplicación del régimen de primer grado (máxima seguridad) según el Artículo 91.2. Sin embargo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha denegado ambas medidas, alegando que, "a pesar de la gravedad de los hechos y que el Centro Penitenciario de Badajoz no tiene departamento de régimen cerrado, el interno continuará en ese centro y en segundo grado".

La asociación califica esta decisión como un "claro ejemplo de la inseguridad con la que trabajan los profesionales penitenciarios a diario" y un mensaje de que los internos pueden agredir e intentar asesinar sin consecuencias severas. Con tono desesperado, la APFP advierte: "Un día tendremos que lamentar la muerte de un funcionario de prisiones a manos de un interno, por la falta de rigor y el buenismo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior".

Los funcionarios exigen un incremento sustancial de la plantilla para cubrir las carencias crónicas y la "adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI" con el reconocimiento legal de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, la clasificación oficial de su profesión como de riesgo y la aprobación y dotación de pistolas Taser como herramienta de disuasión y defensa no letal además de una actualización retributiva que equipare sus salarios con los de sus compañeros en Cataluña. La asociación subraya que estas medidas no son meras reivindicaciones laborales, sino una necesidad imperiosa para garantizar la seguridad física básica del personal ante la violencia extrema que enfrentan diariamente en centros como el de la capital pacense.