Una alto cargo del Sepad en Badajoz, imputada por presunta estafa y alzamiento de bienes

La consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, Sara García Espada, optó por la máxima prudencia al ser preguntada sobre el procedimiento judicial abierto contra una de sus altas cargos. Frente a las preguntas de los medios, su respuesta fue un ejercicio de contención institucional: "Nosotros respetamos 100% las decisiones de la justicia y esperemos que la justicia dictamine en tiempo y forma lo que ellos consideren y nosotros respetaremos". Esta declaración, serena en la forma, contrasta con la gravedad de los hechos que se investigan en los juzgados de Badajoz y que salpican a la gerente territorial del Sepad en la provincia, Inmaculada Sánchez Polo.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ha admitido a trámite una querella presentada por un empresario sanitario que dirige expresamente el foco hacia la alta funcionaria. El auto judicial, fechado el 30 de junio de 2024, imputa a Sánchez Polo y a otras dos personas la presunta comisión de cuatro delitos: falsedad en documento público y mercantil, alzamiento de bienes, estafa agravada y delitos societarios. El origen de la causa se remonta a la gestión de la empresa Cekinesia S.L., de la que la ahora gerente del Sepad era fundadora y administradora.

La trama de acusaciones es densa y de graves consecuencias. Según la querella, Sánchez Polo habría ocultado información crucial a sus socios, en concreto, que su esposo, contratado como gestor sanitario por la Clínica Extremeña de Salud, padecía Alzheimer avanzado desde el mismo inicio de su relación laboral. Esta omisión, se alega, comprometió gravemente la operativa de la clínica hasta forzar su cierre. Además, se denuncia que simuló una solvencia patrimonial que no existía, ofreciendo como garantía la situación de Cekinesia mientras, presuntamente, se ejecutaba la venta de su principal activo, una finca valorada en más de 320.000 euros, en un movimiento que el juzgado considera indicio de alzamiento de bienes.

El impacto económico de las actuaciones denunciadas es abrumador. La querella sostiene que estas condujeron directamente a la quiebra de las sociedades Clínica Extremeña de Salud S.L. y CESA S.L., lo que supuso el despido de alrededor de 100 empleados y la generación de pérdidas económicas superiores a los 20 millones de euros. De esta astronómica cifra, más de 8,5 millones habrían afectado de forma directa al empresario querellante, pintando un cuadro de devastación financiera y laboral de considerable magnitud.

La trayectoria de la imputada añade un notable componente político al caso. Inmaculada Sánchez Polo ha sido una figura pública y relevante en Extremadura, con cargos de responsabilidad en la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y como número dos del PP por la provincia de Badajoz en las elecciones autonómicas de 2019. Su nombramiento como Gerente Territorial del Sepad en Badajoz se produjo en agosto de 2023. Sin embargo, un dato burocrático arroja una sombra de incompatibilidad: su cese como apoderada de Cekinesia S.L. no se inscribió en el Registro Mercantil hasta el 18 de abril de 2024, ocho meses después de asumir el cargo público, un lapso que podría contravenir la normativa sobre conflictos de interés.

El proceso judicial avanza con cita de testigos a principios de octubre. La declaración de la propia Inmaculada Sánchez Polo ante el juez se antoja clave para desentrañar la compleja maraña de acusaciones.