Cientos de tractores -unos 300- han partido a primera hora de la mañana desde las localidades productoras de arroz, empezando por Cullera y Sueca, y han entrado desde la Pista de Silla a la ciudad de Valencia, donde han rodeado la Ciudad Administrativa Nou d’Octubre –que es donde está la sede de la Conselleria de Agricultura– para luego dirigirse a la Delegación del Gobierno, donde han hecho parada.
Las dos principales organizaciones agrarias valencianas -La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders- unen sus fuerzas para denunciar que las administraciones no están otorgando al sector arrocero el papel fundamental que ejerce desde el punto de vista económico, social y medioambiental, especialmente en la preservación de parques naturales protegidos como son La Albufera y el Marjal Pego-Oliva.
El último mazazo es la propuesta del Ministerio de Agricultura para la aplicación en España de la futura Política Agrícola Común correspondiente al periodo 2023-2027, porque las medidas que plantea el actual borrador prevén disminuir las ayudas directas a las explotaciones arroceras de la Comunitat más o menos a la mitad, con lo que en la mayoría de casos, no permitirían la supervivencia del cultivo.
Por delante quedan dos meses de negociación a cara de perro aunque cunde el pesimismo entre los agricultores porque creen que el gobierno de España “no pinta nada en Bruselas” y que el ministro “va a allí de turismo”.
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Se calcula que con la PAC vigente unos 3500 agricultores perciben ayudas.