La nueva dirección general encargada de la protección de menores tendrá limitadas sus funciones tras los escándalos

La Generalitat de Cataluña ha decidido eliminar la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. Una medida que llega después de que este organismo haya estado en el punto de mira en las últimas semanas por presuntas irregularidades en la externacionalización de sus servicios, y que ya está investigando la Oficina Antifraude, así como el caso de la menor de 12 años, tutelada por la DGAIA, y que fue captada por una red de pederastas.

A partir del 3 junio operará una nueva estructura, la Dirección General de Protección y Prevención de la Infancia, la DGPPIA, y que tendrá como objetivo prevenir y la protección de los menores, en palabras de la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, quien ha destacado que el objetivo es que esa protección sea “más ágil y eficiente”.

También ha asegurado la consejera que no se trata en ningún caso de una “impugnación al trabajo hecho” en los últimos años, pero lo cierto es que la nueva dirección general perderá poderes, porque no podrá gestionar prestaciones económicas a jóvenes ex tutelados, ni tampoco concertar las plazas a los centros de menores, dos de las cuestiones que está investigando Antifraude. Hasta 2027 se prevé ampliar la estructura con 300 nuevos profesionales.

Más control

De hecho, las prestaciones económicas de la DGAIA pasarán a gestionarse desde la Dirección General de Prestaciones Sociales, por lo que se internaliza este servicio. Hay que tener en cuenta que hasta ahora estaba a cargo de entidades externas. Precisamente, la consejera ha destacado que, hasta ahora, la DGAIA se ha centrado en el día a día y la urgencia, sin mirada larga y con un exceso de externalizaciones.

Por este motivo, la contratación de plazas residenciales irá a cargo de la Dirección General de Provisión de Servicios, que ya lo hace en otros ámbitos, como el de la discapacidad y el de la tercera edad. Aunque la gestión de estas plazas sí que seguirá en manos de la nueva DGPPIA.

Con respeto a la nueva Oficina de Control de la Gestión, reportará directamente al director general, y elaborará un nuevo plan de integridad, nuevos códigos éticos y nuevos canales de denuncia y protección, así como encargará las auditorías cuando corresponda.

Mónica Martínez Bravo también ha defendido que estos cambios no son fruto de un plan “exprés” o de mera “reacción”, sino que obedecen a una “reflexión” de mucho tiempo, y en el que, desde diferentes ámbitos han puesto encima de la mesa medidas para poder mejorar la atención a la infancia y a la adolescencia. Pero ha reconocido que se ha decidido acelerar su puesta en marcha tras los últimos escándalos. A finales de marzo, el Govern ya destituyó a la directora de la DGAIA Isabel Carrasco y nombró a Josep Muñoz Luque como nuevo director con el objetivo de abrir una nueva etapa en la institución.

Para que estos cambios sean posibles se destinarán "todos los recursos que sean necesarios", en palabras de la consejera de Derechos Sociales que, eso sí, no ha detallado cuál será el presupuesto que se contempla: "no tenemos la cifra concreta, pero pondremos los recursos necesarios", ha insistido.