El Gobierno avisa: tienes un permiso retribuido de 4 días si no puedes trabajar por el mal tiempo

El Ministerio de Trabajo recuerda la normativa ante la alerta por inundaciones en Cataluña, una medida que fue reforzada tras la DANA que dejó más de 220 muertos

Personas con paraguas protegiéndose de la lluvia

EFE

Personas con paraguas protegiéndose de la lluvia

Mar Puerto

Barcelona - Publicado el

3 min lectura

El Gobierno ha recordado a los trabajadores sus derechos ante fenómenos meteorológicos extremos, en un momento en que varias comarcas catalanas se encuentran en alerta máxima. Concretamente, Protecció Civil ha activado un aviso para las comarcas del Alt i Baix Empordà, la Selva y el Gironès, enviando una alerta masiva a los teléfonos móviles de los residentes. En ella, se advierte de un elevado riesgo de desbordamiento de ríos e inundaciones, por lo que se ha solicitado a la población que evite los desplazamientos hasta, como mínimo, las 17:00 horas y se han suspendido todas las actividades escolares de la zona como medida de precaución.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo ha utilizado sus canales en redes sociales para emitir un mensaje clave: los empleados tienen derecho a un permiso retribuido de cuatro días si las condiciones climáticas les impiden por completo acudir a su puesto de trabajo. Este permiso, según recuerda el Gobierno, puede ser prorrogable si las circunstancias adversas que lo motivan persisten. La medida está diseñada para proteger la seguridad de los trabajadores durante los episodios más graves.

Un derecho para proteger al trabajador

La normativa vigente establece que, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o el organismo autonómico competente emiten un aviso de nivel naranja o rojo, los trabajadores tienen la potestad de reducir o modificar su jornada laboral para evitar los riesgos asociados. El objetivo es que nadie se vea obligado a ponerse en peligro para cumplir con sus obligaciones laborales. En los casos más extremos, donde el desplazamiento es imposible o supone un riesgo grave, se puede activar el mencionado permiso retribuido de cuatro días por causa de fuerza mayor.

Trabajar de noche.

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Mujer trabajando

En situaciones que se prolonguen más allá de esos cuatro días iniciales, la legislación contempla mecanismos adicionales para proteger tanto a empleados como a empresas. Si la imposibilidad de reanudar la actividad persiste, las compañías tienen la opción de solicitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTO) por causa de fuerza mayor. Esta herramienta permite suspender los contratos de trabajo o reducir la jornada de forma temporal mientras duren las circunstancias excepcionales que impiden el funcionamiento normal de la empresa.

El papel de las empresas y los trabajadores

Las empresas también tienen una serie de obligaciones ineludibles durante estos episodios. La ley les exige que deben evaluar los riesgos y, en consecuencia, informar a la plantilla lo antes posible sobre las medidas de protección que se van a adoptar. Además, están obligadas a proporcionar las instrucciones necesarias para interrumpir la actividad laboral si se determina que existe un peligro para la salud y seguridad del personal, una paralización que debe durar hasta que el riesgo haya desaparecido por completo. Esta responsabilidad es fundamental para garantizar un entorno de trabajo seguro.

La normativa también otorga un papel activo a la representación legal de los trabajadores. Los comités de empresa o delegados de personal tienen la facultad de acordar la paralización total de la actividad si consideran que la compañía no ha tomado las medidas adecuadas y existe un riesgo grave e inminente para la plantilla. Esta capacidad de decisión es una garantía adicional para que la seguridad prime por encima de cualquier otra consideración en momentos de crisis meteorológica.

Una reforma nacida de la tragedia

Estas medidas de protección laboral no son casuales, sino que responden a una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente de España. La legislación actual se modificó y reforzó significativamente después de la devastadora DANA que arrasó la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024. Aquel trágico episodio, que dejó un balance de más de 220 personas fallecidas, puso de manifiesto la necesidad de crear un marco legal mucho más estricto y garantista para proteger la vida de los trabajadores frente a la creciente virulencia de los fenómenos meteorológicos adversos.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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