El Tribunal Supremo confirma las sentencias: el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y no de los Franco

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que ordena a la familia Franco la devolución del Pazo de Meirás al Estado. La Sala de lo Civil ha desestimado así todos los recursos presentados por los herederos de Franco, que buscaban que se les reconociera la propiedad del inmueble.

Las claves del fallo del Supremo

El alto tribunal considera que el inmueble pertenece al Estado al concluir que desde 1938 estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado. Por tanto, según la sentencia, sus ocupantes no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo, hasta la década de los 90, cuando la administración dejó de prestar servicios en el pazo.

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Momento de la confirmación del Pazo de Meirás como patrimonio del  Estado 

Debido a esto, el Supremo concluye que no ha transcurrido el plazo legal de 30 años necesario para adquirir la propiedad por usucapión. Además, la sala considera que no se dan los requisitos para apreciar una desafectación tácita que despojara al inmueble de su carácter de bien de dominio público.

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Indemnización por la "buena fe"

A pesar de rechazar la propiedad para los Franco, la sentencia sí confirma que deberán ser indemnizados por los gastos en los que incurrieron en el inmueble desde 1975. El Supremo sostiene que la demanda inicial indicaba expresamente que la familia Franco actuó como poseedora de buena fe, por lo que les corresponde esta compensación.

El tribunal argumenta que no se puede cambiar esta postura inicial, ya que "los demandados contestaron a la demanda confiados en esas afirmaciones y un improcedente cambio posterior de las pretensiones de los demandantes les causaba una indefensión constitucionalmente proscrita". Por este motivo, se desestimaron también los recursos de las administraciones públicas que pretendían evitar la indemnización.

Un regalo a Franco 

El Pazo de Meirás, ubicado en Sada (A Coruña), es un edificio construido por la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX. Durante la Guerra Civil, pasó a manos de Franco a través de un proceso que simuló ser una donación y fue utilizado como residencia de verano del dictador durante toda  la etapa que fue Jefe de Estado.

Tras la muerte de Franco, la familia continuó utilizando la propiedad hasta que el Gobierno reclamó su devolución para el patrimonio público. La acción judicial fue respaldada por los ayuntamientos de A Coruña y Sada, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.