La consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez-Bravo, reconoce que la DGAIA necesita "una transformación profunda"

La consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha explicado este jueves que la Generalitat se personará como "acusación popular" en el juicio por los presuntos abusos por parte de una red de pederastia a una niña de 12 años que estaba a cargo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia).

"El Govern está totalmente comprometido en acabar con esta lacra social de la violencia contra la infancia", ha dicho la consejera desde Balaguer (Lleida), y ha dicho textualmente que es evidente que la Dgaia necesita una transformación profunda y que se deben revisar todos los protocolos.

La Consejería ha abierto un expediente informativo para esclarecer y tener "toda la información necesaria" para ver toda la cronología paso a paso y ver cómo se desarrollaron los hechos, así como para hacer un análisis global de toda la situación y ver qué protocolos deben mejorarse.

Martínez-Bravo ha dicho que cuando tengan los resultados del expediente harán público "todo lo que puedan", pero ha recordado que es un caso judicializado y que se debe velar por la protección de la información de la menor, y ha hecho un llamamiento a la prudencia para evitar la "revictimización" de la víctima.

auditoría en marcha

Sobre la investigación de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) a la Dgaia por presuntas irregularidades en ayudas públicas otorgadas, ha recordado que el Departamento que encabeza ha pedido una auditoría "completa" para identificar todas las acciones correctivas, a su juicio, necesarias.

Cuando se conozcan los resultados, harán público "un plan de transformación integral" que quiere abordar todas las problemáticas y todos los espacios de mejora que necesita la Dgaia.

antifraude investiga presuntas irregularidades en la dgaia

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) investiga presuntas irregularidades en ayudas públicas que otorgó la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia).

Según ha avanzado 'La Vanguardia', la investigación se centra en entidades encargadas de hacer un seguimiento de las ayudas de la Dgaia a extutelados: la Fundació Resilis, que gestiona el servicio de promoción de la emancipación, y la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis, que hace seguimiento y valoración de la prestación. La denuncia fue presentada por un particular  en noviembre de 2024.

la síndica de greuges abre una actuación de oficio 

La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha abierto una actuación de oficio a raíz del caso de presuntos abusos por parte de una red a una niña de 12 años que estaba a cargo de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia).

La institución ha explicado que pedirá información a la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión y a la de Salud para "conocer las circunstancias alrededor de los hechos tan graves que se denuncian", así como las medidas que se tomaron y la atención que está recibiendo actualmente la menor.

La síndica ha mostrado su preocupación ante este caso y ha asegurado que el objetivo del sistema de protección es "proporcionar a los menores atendidos un entorno alternativo a la familia que sea seguro, protector y educativo".

junts impulsará una comisión de investigación en el parlament

Junts impulsará en el Parlament una comisión de investigación en la Cámara ante la "crisis" de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat en la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia). El Partido Popular se suma a la petición de una comisión de investigación en la Cámara Catalana. 

Junts ve necesario "llegar hasta el fondo" en dos asuntos: el caso de presuntos abusos de una red a una niña que estaba a cargo de la Dgaia y la investigación abierta por la OAC contra el organismo por supuestas prestaciones irregulares a jóvenes extutelados y por supuestas anomalías en la contratación pública y en las subvenciones por parte de la Dgaia.

A su juicio, la situación se ve agravada "después de saber que una menor tutelada por este organismo fue violada por pederastas", caso por el cual la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha pedido comparecer en la Cámara, y por el cual el Departamento ha abierto un expediente informativo.

Junts pidió también a finales de abril la comparecencia de Martínez Bravo por las supuestas irregularidades, y las de la exdirectora general y el exsubdirector, que fueron cesados a finales de marzo.