Cerca del 30% de los catalanes cree que no tiene suficientes ingresos para llevar una vida digna y 6 de cada 10 deben reducir gastos

Un 29,3% de los catalanes considera que sus ingresos no le permiten tener una vida digna y seis de cada diez dicen que se han visto obligados a comprar productos más baratos y reducir gastos en ocio, cultura, ropa y calzado por motivos económicos. Estos son los resultados para Cataluña de la encuesta 'Vivir la desigualdad 2025' de Oxfam Intermón, realizada a 4.000 personas en todo el Estado, de las cuales 673 son de Cataluña. El análisis indica que un 39,8% de los encuestados ha tenido que renunciar a ir al dentista por razones económicas y la vivienda es considerada la principal fuente de desigualdades, ligeramente por encima de la economía. Así, el 39,5% considera que la vivienda es el principal ámbito para hacer frente a las desigualdades.   

En cuanto a los resultados del conjunto de España, tres de cada diez personas considera que sus ingresos no les permiten tener una vida digna y el 45% que la crisis de la vivienda les afecta. Según la encuesta, ocho de cada diez personas en España considera que España es un país "profundamente desigual", aunque seis de cada diez defienden que "es posible erradicar las desigualdades". La vivienda se sitúa por primera vez como la principal causa de desigualdad y el 73% de los inquilinos asegura sentirse directamente afectado por la crisis habitacional, frente a un 33% de las personas propietarias. 

El estudio indica que solo el 14,4% de las personas no propietarias ve probable poder comprar una vivienda algún día. Según la encuesta, el 72% de la juventud de clase alta espera recibir ayuda familiar para adquirir una vivienda, mientras que más del 60% de los jóvenes pertenecientes a hogares de bajos recursos ven poco o nada probable recibir ayuda familiar para adquirir una vivienda.

Los datos, subraya el estudio, son "especialmente alarmantes" entre las personas racializadas, que también tienen niveles de insatisfacción laboral mayores, especialmente cuando se encuentran en situaciones de empleo parcial, temporal o fijo-discontinuo. Así, el informe muestra que más de una de cada cuatro personas racializadas no puede pagar medicamentos por problemas económicos, y el 60% de las mujeres ha tenido que reducir su gasto en ocio y cultura, un porcentaje mayor que entre los hombres.   

Renuncias en salud y formación  

 El informe apunta a "renuncias significativas" en salud física y mental: una de cada cuatro personas deja de ir al dentista por motivos económicos y las renuncias son mayores en fisioterapia o tratamientos psicológicos. Paralelamente, el 52% habría querido continuar su formación, pero no pudo hacerlo por motivos económicos.  

En cuanto al sistema fiscal, el 73% de los encuestados cree que no distribuye bien la riqueza. Además, seis de cada diez piensa que las grandes fortunas y las grandes empresas pagan poco, y cuatro de cada diez personas señalan a las administraciones públicas como "principales responsables de la persistencia de las desigualdades", ya sea por falta de acciones para combatirlas o porque las reconocen como agentes con mayor capacidad para revertirlas. El 53% cree que el gobierno español puede combatir eficazmente la desigualdad, por delante de otros actores como la Unión Europea, las comunidades autónomas o los ayuntamientos.  

La percepción generalizada sobre la insuficiencia de ingresos para mantener una vida digna refleja un contexto social en el que el coste de vida ha aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente en áreas clave como la vivienda, la alimentación y los servicios básicos. Esta situación genera una presión económica constante en los hogares, que se traduce en decisiones difíciles, como recortar gastos esenciales o prescindir de cuidados médicos preventivos. 

Además, la brecha entre diferentes grupos socioeconómicos se ve acentuada por la desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades. Por ejemplo, la juventud proveniente de familias con bajos ingresos se enfrenta a barreras significativas para acceder a la vivienda, educación y empleo estable, lo que puede perpetuar ciclos de pobreza y exclusión social. Este fenómeno afecta también a la salud mental y física, dado que la inseguridad económica y la falta de acceso a servicios básicos incrementan el estrés y otros problemas asociados.

Por último, es importante destacar el impacto que estas desigualdades tienen en la cohesión social y en la calidad de vida de la población en general. La falta de acceso a bienes y servicios esenciales no solo afecta a quienes lo sufren directamente, sino que también puede generar tensiones sociales, dificultar el desarrollo comunitario y limitar el crecimiento económico sostenible.