Así gestiona Hospitalet la vivienda de alquiler: impagos de 2,3 ME y pisos okupados

El Parlament ha aprobado esta misma semana un decreto para controlar el alquiler temporal como un intento de solucionar los problemas de acceso a la vivienda por el elevado precio del alquiler. Decreto que, según los expertos, provocará que la oferta de pisos se reduzca aún más. Pues bien, según ha denunciado el PP de Hospitalet, el Ayuntamiento gestiona 250 pisos de alquiler social, de los que 14 están vacíos y 40 okupados. Lleva acumuladas unas pérdidas para las arcas municipales por esta gestión de más de 2,3 millones de euros.

En concreto, 200 son propiedad del consistorio y otro medio centenar son cedidos a través de un convenio con la Sareb. Pero de todos estos, solo hay 11 familias que pagan el recibo del alquiler mensualmente, como correspondería. Y de ahí la denuncia del Partido Popular, porque el ayuntamiento, dice, que se llena la boca de denunciar la situación de emergencia habitual en la ciudad, permite okupaciones e impagos millonarios en pisos que son de su propiedad. Se ha dejado de reclamar más de 2,3 millones de euros.

Pero es que hay familias que llevan 10 años sin pagar absolutamente nada y acumulan deudas de hasta 63.000 euros, o ya no cumplen en la actualidad los requisitos para acceder a estos pisos, mientras que hay familias que se quedan fuera. Por eso, la portavoz del grupo Municipal del PP en Hospitalet, Sonia Esplugas, pide más y mejor control por parte del Ayuntamiento, porque no se sabe tampoco si las personas que viven actualmente son las titulares del contrato.

Hay que tener en cuenta que, transcurridos tres años desde la fecha del impago, la deuda prescribe. Y desde 2014 hasta 2023 el ayuntamiento ha perdido estos ingresos de 2,3 millones de euros. Estos datos vienen de un informe de un auditor que se presentó en la Junta de Gobierno de marzo.

Decreto para regular el alquiler de temporada

Se da la circunstancia de que el Parlament ha aprobado esta semana validar el decreto ley  2/2025, que regula el alquiler de temporada y habitaciones, y que modificará la ley de vivienda, después del pacto alcanzado entre el Govern y los grupos de izquierda: ERC, Comunes y la CUP.   El pleno ha dado luz verde, por unanimidad, a que el texto se tramite como proyecto de ley, tal y como habían solicitado los republicanos. La consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, ha celebrado el "primer gran acuerdo" de todas las fuerzas progresistas de izquierdas en mucho tiempo. También hizo un llamamiento al resto de grupos a sumarse al entendimiento porque la situación de la vivienda "interpela a todo el mundo".

Entre las medidas, se incorpora a la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, la figura de inspector de vivienda, que tendrá competencias para "verificar el cumplimiento de los contratos, detectar fraudes y proponer sanciones".

El acuerdo también establece una prórroga de las viviendas con protección oficial situadas en zonas tensionadas, tal y como reclamaban Comunes y CUP. El pacto llegó a menos de 24 horas de que se votara en el Parlament el decreto de medidas urgentes en vivienda. Estas medidas acordadas se incorporarán vía enmiendas, después de que el decreto se haya tramitado como proyecto de ley.

Se modifica así la ley de vivienda para dejar claro que el alquiler de temporada no tendrá la misma consideración que las viviendas permanentes y establece que las de temporada son aquellas destinadas a “usos recreativos, turismo o por temporada de vacaciones, sea esta de verano o cualquier otra”. Según el acuerdo, la finalidad de la vivienda deberá hacerse constar en el contrato, así como el lugar de residencia permanente de parte arrendataria.