Aplazan por tercera vez el desahucio de una vecina de Vilanova de 89 años con dependencia

Este lunes se ha vuelto a vivir una jornada de alta tensión en Vilanova i la Geltrú ante el intento de desahucio de Carme Alcaraz, una anciana de 89 años con dependencia severa. Por tercera vez en cuatro meses, el desalojo ha sido suspendido. La intervención del personal sanitario del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha sido decisiva al negarse a trasladar a la mujer en contra de su voluntad sin una orden judicial expresa que lo justificara, dado que, a pesar de su delicado estado físico, se encuentra en plenas facultades cognitivas. La anciana es víctima de una presunta estafa inmobiliaria que se remonta a principios de los 2000 y que la ha dejado en un limbo legal por la vivienda en la que ha residido durante 70 años.

Una permuta inmobiliaria, el origen del conflicto

La historia de Carme, o Carmeta como la conocen en el barrio, se desarrolla en un inmueble en la rambla Pirelli de Vilanova, en pleno barrio de mar. Según relata su hija, Raquel Prats, los problemas económicos llevaron a su madre a aceptar la oferta de una constructora: derribar la casa donde había vivido desde que se casó para levantar un bloque de tres pisos. El acuerdo verbal incluía que Carme podría quedarse en uno de los nuevos pisos. Mientras duraban las obras, el promotor le pagaría un alquiler temporal. Sin embargo, el pacto nunca se formalizó por escrito, dando inicio a un calvario de irregularidades.

La constructora quebró y la propiedad del edificio pasó por varias manos, desde entidades bancarias hasta un fondo de inversión, y finalmente a otra empresa. La propiedad actual insiste por la vía judicial en desalojar a Carme, ya que no existe ningún documento que acredite su derecho a vivir en el piso. Ella, por su parte, se considera víctima de una estafa y exige que se aclare la situación. "Son unos ladrones que me lo van a quitar todo, hasta las pertinencias que tenía guardadas en un camión mientras hacían las obras", ha declarado Carme con la voz entrecortada por sus problemas respiratorios.

No podrán hacerme marchar de aquí”

A pesar de la presión, Carme se mantiene firme en su postura y se niega a abandonar su hogar. Insta a los propietarios a sentarse en el proceso de mediación abierto en los juzgados, con una cita para el próximo 15 de mayo. "Que esperen a ir al juzgado, porque las cosas siempre se pueden arreglar", insiste, aseverando con contundencia: "No podrán hacerme marchar de aquí". Su hija Raquel subraya que su madre "no debe dinero a nadie" y recuerda que uno de los acuerdos informales con la propiedad era que ella asumiría el recibo del agua de toda la finca mientras se regularizaban los papeles, una muestra más de la caótica situación legal del inmueble.

Fuerte presión ciudadana y social

La orden de desahucio de este lunes era la tercera desde principios de año, pero la amenaza del desalojo ha pesado sobre la familia durante la última década. En esta ocasión, la movilización ciudadana ha sido un factor clave. Una decena de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicat de Llogateres pasaron la noche en el edificio para evitar la ejecución. Desde primera hora de la mañana, más manifestantes se sumaron a la protesta, superando el centenar de personas, aunque un fuerte cordón policial de los Mossos d'Esquadra impidió a muchos acercarse al portal.

Las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda han liderado las negociaciones con la comitiva judicial, la propiedad y las concejalas de Vivienda y Servicios Sociales del ayuntamiento. Se planteó inicialmente detener el desahucio hasta la mediación del 15 de mayo, pero la familia solicitó un plazo mayor, hasta enero, una propuesta que la propiedad no aceptó. El desacuerdo abocaba a la ejecución inminente del desalojo, pero un nuevo actor cambió el guion.

La intervención sanitaria, clave para frenar el desahucio

El momento crítico llegó cuando los servicios sanitarios del SEM se negaron a participar en el desalojo forzoso. El personal médico comunicó a la comitiva judicial que no podían sacar a Carme de su casa contra su voluntad, ya que, al ser una persona consciente y cognitivamente válida, una intervención forzosa podría poner en grave riesgo su integridad física. Los sanitarios destacaron que no disponían de una orden judicial específica que justificara actuar en contra de la voluntad de la paciente en esas circunstancias.

Si la sacaban a la fuerza se exponían a asumir la responsabilidad de poner en riesgo su integridad”

Andreu Bonet, del Sindicat de Llogateres, ha apuntado que "si la sacaban a la fuerza se exponían a asumir la responsabilidad de poner en riesgo su integridad". Por su parte, Jacqueline Tokyo, de la PAH, ha recalcado que el estado de salud de la mujer "es muy grave". Esta negativa del SEM, sumada a la presión popular y la voluntad de negociar de las partes, ha forzado la suspensión del desahucio sin nueva fecha.

Tras la suspensión, la PAH ha informado de un "compromiso" del consistorio para negociar un alquiler social que permita a Carme permanecer en su casa. Sin embargo, fuentes municipales han matizado a la agencia ACN que esta opción es inviable porque el piso no tiene cédula de habitabilidad. En su lugar, aseguran que se está buscando una "solución ad hoc" y confían en la buena predisposición de todas las partes. El Ayuntamiento también ha recordado que le ha ofrecido a Carme una plaza en una residencia, opción que ella rechaza de plano porque quiere seguir viviendo en su casa. Una vez confirmada la paralización, los manifestantes han celebrado la noticia y han despedido con abucheos a los Mossos d'Esquadra.