Un pueblo de Lleida no quiere más problemas de okupación e implanta esta medida: los propietarios no se hacían cargo de los pisos

En Les Borges Blanques, en la provincia de Lleida, el problema de la okupación había pasado de ser una preocupación puntual a convertirse en un quebradero de cabeza para buena parte de sus vecinos. El ayuntamiento decidió que no podía seguir esperando a que los trámites judiciales eternos dieran una solución, y ha aplicado una estrategia que en apenas un mes ha permitido desalojar bloques enteros ocupados ilegalmente.

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La iniciativa surgió tras detectar que varios inmuebles vacíos habían sido ocupados por personas con antecedentes relacionados con actividades ilícitas. El consistorio, lejos de mirar hacia otro lado, ha involucrado directamente a la ciudadanía para que cualquier actividad sospechosa —luces encendidas en viviendas abandonadas, ruidos extraños o movimientos inusuales— sea comunicada de inmediato a la Policía Local. Además, se ha pedido al sector agrícola que refuerce la vigilancia de las edificaciones en el campo, un escenario donde las ocupaciones ilegales también se estaban extendiendo.

El caso recuerda a otros ejemplos en España, como el de este municipio de Guadalajara o el de un pueblo de Toledo donde la presión vecinal fue clave para acabar con la presencia de okupas.

Viviendas tapiadas y control conjunto

En Les Borges Blanques la acción ha sido coordinada y contundente. El ayuntamiento ha procedido a tapiar dos casas en las calles Sant Sebastià y Sant Josep después de que sus propietarios no se hicieran cargo de su mantenimiento, evitando así que se convirtieran en nuevos focos de okupación. También se ha establecido una vigilancia sistemática de todos los inmuebles vacíos gracias a la colaboración entre los Mossos d’Esquadra y la Policía Local.

Otro frente importante ha sido el contacto directo con inmobiliarias locales para garantizar una gestión responsable de las viviendas desocupadas. La pasada semana se ordenó a todos los habitantes del bloque Santiago Rosiñol —unas 40 familias— que abandonaran el inmueble en un plazo máximo de un mes. Una decisión firme que se enmarca en un contexto donde otras localidades catalanas, como en este caso reciente, han optado por medidas que, lejos de frenar, podrían favorecer la permanencia de los okupas. Un mensaje claro: tolerancia cero

Las autoridades locales insisten en que estas acciones no buscan criminalizar a personas en situación de vulnerabilidad, sino frenar a quienes utilizan la okupación como vía para desarrollar actividades ilegales o generar inseguridad. El mensaje es claro: no habrá tolerancia con las ocupaciones que perjudiquen la convivencia y la seguridad del municipio.

Este tipo de medidas, como ya se ha visto en otras partes del país, se han convertido en un debate nacional sobre hasta dónde pueden llegar los ayuntamientos para proteger las propiedades y la tranquilidad de sus vecinos sin vulnerar la ley. Casos como el de Les Borges Blanques o el de una vivienda en Pontevedra muestran que cada municipio busca soluciones adaptadas a su realidad, pero con un objetivo común: que la okupación no se convierta en un problema crónico.