La medida en Lleida que favorece a los okupas para empadronarse en pisos okupados: amparada por un juzgado

En Lleida, una reciente resolución judicial ha provocado un fuerte debate sobre el empadronamiento de okupas y los derechos vinculados a esta inscripción municipal. Un juez ha decidido que el Ayuntamiento deberá permitir que los ocupantes ilegales de una vivienda puedan registrarse en el padrón sin que sea necesario informar al propietario ni pedir su consentimiento. La sentencia anula una norma impulsada en 2023 por el PSC, que exigía que, si el solicitante no presentaba contrato de propiedad o alquiler, el consistorio notificara al dueño.

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La demanda partió de Esquerra Republicana, cuyo recurso ha prosperado tras la argumentación del magistrado: “no existe obligación jurídica” de avisar al propietario, ya que la “inscripción en el padrón” constituye un derecho, no un requisito. Este cambio deja sin efecto el sistema que, hasta ahora, buscaba limitar el empadronamiento por defecto de los okupas y que había sido defendido por el PSC para garantizar un control en el censo y prevenir irregularidades como la ocupación ilegal.

Esquerra ha celebrado la sentencia, asegurando que su concepción del padrón no es una “opción política”, sino una obligación legal necesaria para acceder a servicios básicos como educación y sanidad. El PSC, por su parte, no descarta apelar y advierte que la ausencia de filtros abre la puerta a más irregularidades, una preocupación que comparten otros ayuntamientos gobernados por Junts, como Figueres o Martorell, también denunciados por entidades sociales que ven el padrón como un “derecho universal”.

Un derecho que choca

La legislación española, concretamente la Ley 7/1985, establece que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente”. Esto implica que, incluso un okupa, debe registrarse en la dirección donde vive, independientemente de la legalidad de su estancia. Sin embargo, cuando en una vivienda ya hay personas empadronadas, la ley exige una autorización por escrito de alguna de ellas.

El dilema surge cuando el empadronamiento se realiza en un inmueble ocupado, lo que algunos consideran una contradicción legal: es ilegal preguntar al propietario, pero legal censarse en una vivienda allanada. Los defensores del derecho irrestricto al padrón sostienen que este trámite no interfiere en el posible proceso judicial de desalojo de okupas, un asunto que en otras ciudades también ha generado polémica y medidas de control, como recoge esta información sobre técnicas de ocupación en Cataluña.

Barcelona toma medidas

Mientras en Lleida se amplían las facilidades para empadronar a okupas, el Ayuntamiento de Barcelona ha optado por un camino opuesto. Tras una propuesta del Partido Popular, avalada por PSC y Vox, se ha activado una campaña para frenar empadronamientos fraudulentos ligados a la ocupación ilegal. Según datos municipales, unas 45.000 personas sin domicilio fijo figuran inscritas en la ciudad, muchas de ellas en una misma vivienda, y en un solo local municipal se llegaron a empadronar 6.000 personas.

El concejal del PP, Juan Milián, advirtió de que estas prácticas “en apariencia legales” distorsionan el reparto de recursos y pueden servir de cobertura a redes de ocupación y tráfico de personas. El plan contempla inspecciones, verificación documental y cooperación con otros consistorios, además de garantizar que las víctimas de padrones fraudulentos puedan dar de baja a inscritos sin autorización.

Este debate no es nuevo y se suma a otras controversias sobre el derecho de los okupas, como la posibilidad de evitar el desalojo con determinados recursos legales, tal y como se explica en esta noticia sobre excusas para frenar desalojos. También hay implicaciones económicas para los propietarios, que podrían llegar a reclamar compensaciones, como señala este análisis de las consecuencias económicas de la ocupación.

En cualquier caso, la sentencia en Lleida abre un nuevo capítulo en la relación entre el derecho al padrón y la propiedad privada, una pugna que, como demuestra este reportaje sobre propietarios desprotegidos, está lejos de resolverse.