Echan a 200 okupas de un pueblo de Guadalajara aplicando una sencilla norma que podría usarse en España: todos los vecinos estaban de acuerdo

La okupación ilegal se ha convertido en uno de los problemas más serios para muchos pueblos de España. Lejos de los grandes titulares de ciudades como Madrid o Barcelona, el verdadero drama se vive en municipios pequeños, donde la llegada de okupas rompe por completo la convivencia vecinal. En localidades donde todo el mundo se conoce, la inseguridad generada por estas ocupaciones forzosas se multiplica: aumentan los robos, los altercados, y se pierde algo tan valioso como la tranquilidad.

Muchos de estos inmuebles pertenecen a bancos, han sido abandonados durante años o se encuentran en urbanizaciones a medio terminar. En algunos casos, mafias organizadas venden el acceso a estas casas, y los vecinos se ven obligados a convivir con situaciones cada vez más tensas. A pesar de que la ley en España contempla mecanismos legales para el desalojo, los procesos suelen alargarse, y el malestar social crece. Pero lo ocurrido en Horche (Guadalajara) en 2021 demuestra que cuando todo un pueblo se une, las cosas pueden cambiar.

LA SOLUCIÓN DE HORCHE PARA ACABAR CON 200 OKUPAS EN SU LOCALIDAD

En octubre de 2021, el pequeño municipio de Horche, con apenas 2.500 habitantes, protagoniza una de las acciones más impactantes contra la okupación en Castilla-La Mancha. Más de 200 okupas son desalojados de 60 viviendas, en una intervención que cuenta con el respaldo unánime de los vecinos y una implicación clave del Ayuntamiento.

El éxito de esta operación radica en un detalle que ha llamado la atención incluso fuera del municipio: todos los vecinos estaban de acuerdo. Fue precisamente esa unidad vecinal lo que presionó tanto a las autoridades locales como al propietario de las viviendas —en su mayoría Caixabank— para actuar. Ante la insistencia, el banco decide tapiar y vigilar los inmuebles, una acción sencilla, pero efectiva, que frena nuevas ocupaciones.

Tras un verano marcado por la tensión, los robos en pequeños comercios, discusiones en las calles e incluso amenazas a vecinos, el ambiente cambia radicalmente. Cuatro meses después del desalojo, el propio alcalde, Juan Manuel Moral, confirmó que la delincuencia se ha reducido drásticamente y que "la vida en Horche ha vuelto a la normalidad".

La vida en Horche llegó a ser insufrible, y vivíamos situación horribles por culpa de los okupas"

Juan Manuel Moral

Alcalde de Horche

LA ESTRATEGIA QUE USARON LOS VECINOS PARA ECHARLES

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La estrategia no ha sido especialmente compleja: presión vecinal, diálogo con la propiedad de las viviendas y una vigilancia activa de los inmuebles desocupados. Hoy, solo quedan dos casas okupadas, y ninguna mafia ha vuelto a ofrecer viviendas en portales de internet, como ocurría antes de la intervención.

Lo que hace especial el caso de Horche es su modelo de respuesta colectiva. Frente al habitual "no se puede hacer nada", los vecinos se organizan, crean una asociación, se manifiestan y no cesan en su exigencia. El banco, ante la presión social y política, reacciona de forma efectiva, y se compromete incluso a rehabilitar las viviendas para ponerlas a la venta. Aunque por ahora no hay avances visibles, el paso dado ya es significativo.

Este caso abre un debate importante en España: ¿es posible aplicar soluciones similares en otros municipios? ¿Y si la clave estuviera en la unidad de los vecinos, la firmeza del Ayuntamiento y la implicación de los propietarios? Lo ocurrido en Horche demuestra que, cuando hay voluntad, se pueden frenar ocupaciones sin necesidad de cambiar la ley, solo aplicando medidas sencillas como el tapiado preventivo.

Cuatro años después de aquel otoño de 2021, Horche se presenta como un ejemplo a seguir para otros pueblos que viven situaciones similares. La clave no estuvo en una gran operación policial ni en una reforma legislativa, sino en algo tan básico como la voluntad de proteger la convivencia.