Tensión por la okupación en Les Borges Blanques: El desalojo inminente ante un edificio declarado inhabitable

El Ayuntamiento de Les Borges Blanques (Lleida) ha iniciado el proceso para el desalojo de un edificio ocupado en la avenida Santiago Rusiñol, declarado inhabitable a principios de agosto debido a graves deficiencias estructurales. Este lunes, agentes de la Policía Local y los Mossos d'Esquadra han comenzado a notificar personalmente a los residentes que aún permanecen en el inmueble para que lo abandonen de forma voluntaria. Este es el paso previo a solicitar una orden judicial para un desalojo forzoso por motivos de seguridad. La situación en este municipio es un ejemplo más del complejo panorama de la okupación ilegal en España, un fenómeno que afecta con especial virulencia a Cataluña. Para más información sobre la legislación vigente consulta aquí.

El consistorio dio un mes de plazo a los ocupantes para que se marcharan, pero una vez cumplido el término, varias familias todavía residen en el bloque. El alcalde, Josep Farran, ha explicado que el operativo de notificación permitirá crear un censo preciso de los actuales inquilinos. Con esta información, el ayuntamiento presentará una solicitud al juzgado para proceder al desalojo forzoso, amparándose en el riesgo que supone el estado del edificio.

Un problema de seguridad y urgencia

“La normativa es clara y es necesario garantizar que los afectados por la declaración de inhabitabilidad reciban este aviso de forma clara y definitiva antes de que se inicie cualquier actuación de ejecución forzosa.”

El plazo para el desalojo voluntario expiró el pasado 5 de septiembre. Según Farran, detrás de este asunto “hay una cuestión de urgencia ligada a la seguridad del inmueble”, por lo que confía en que la autorización judicial para el desalojo forzoso no se demore. El alcalde añadió que, en las últimas semanas, la situación en el inmueble ha sido relativamente tranquila y que los intentos de nuevas ocupaciones se redujeron “mucho” gracias a un dispositivo de vigilancia que se mantuvo activo durante una semana, 24 horas al día.

Un edificio degradado y un conflicto enquistado

El decreto de inhabitabilidad del inmueble se firmó el 1 de agosto y se notificó a los vecinos el día 4, como medida de seguridad tras varios informes técnicos que constataban “deficiencias graves”. En enero, una inmobiliaria de Terrassa adquirió el bloque después de que el consistorio desestimara su compra, alegando que no podía asumir la elevada inversión que requería la rehabilitación del edificio, cuyas cinco escaleras se encuentran en un estado muy degradado.

Curiosamente, en el verano de 2023, el equipo de gobierno de Les Borges Blanques había dado por hecha la compra del edificio, viéndola como una oportunidad para revertir la problemática que arrastra el bloque desde hace años. El conflicto se agravó en enero del año pasado con la llegada de unos cincuenta miembros de una misma familia, a quienes se relacionó con un elevado número de actos delictivos en la zona. En mayo de 2023, la tensión vecinal llevó a convocar una concentración frente a una oficina de ‘la Caixa’, propietaria de 50 de los 77 pisos del bloque, para denunciar la inseguridad y el aumento de la delincuencia. En aquel momento, cerca de cuarenta viviendas del edificio ya estaban ocupadas.

Cataluña, a la cabeza de la ocupación en España

El caso de Les Borges Blanques no es un hecho aislado, sino el síntoma de un problema mucho más profundo. Cataluña se ha consolidado como la comunidad autónoma con el mayor número de okupaciones de toda España, concentrando más del 40% de los casos. Según datos del Ministerio del Interior, durante el primer semestre de 2023 se registraron más de 3.000 denuncias por usurpación de inmuebles en la región. Esta cifra, aunque ligeramente inferior a la del año anterior, sigue siendo alarmantemente alta y evidencia una crisis de vivienda y social que no cesa. Para entender el contexto general, puede leer más en [este reportaje](https://www.ejemplo.com/noticias/okupacion-espana).

La alta densidad de población en áreas metropolitanas como Barcelona, la escasez de vivienda social y los largos y, a menudo, garantistas procesos judiciales para los propietarios, son algunos de los factores que explican esta elevada incidencia. La situación genera una enorme alarma social y un intenso debate político sobre cómo abordar el fenómeno, contraponiendo el derecho a la propiedad privada con la problemática de las familias vulnerables sin acceso a una vivienda digna. Mientras tanto, los ayuntamientos pequeños, como el de Les Borges Blanques, se ven desbordados y con recursos limitados para gestionar conflictos que superan sus competencias.