La patronal de los pisos turísticos planta cara a Collboni y lleva su "expropiación" a Europa

La guerra por el futuro de los pisos turísticos en Barcelona está servida y se librará en los despachos de Bruselas. La patronal del sector, Apartur, ha anunciado que plantará cara al plan del alcalde Jaume Collboni de eliminar las 10.101 licencias de viviendas de uso turístico (HUT) de la ciudad para 2028. En una entrevista en el programa 'Herrera en COPE Cataluña', con José Miguel Cruz, la directora general de Apartur, Mariam Muro, ha calificado la medida de "expropiación sin indemnización" y ha confirmado que la batalla judicial ya ha escalado a las instituciones comunitarias, advirtiendo de la "tremenda inseguridad jurídica" que esta decisión proyecta sobre la ciudad.

Un relato para tapar la ineficacia

Según Muro, el consistorio ha demonizado al sector para usarlo como "chivo expiatorio" de la crisis de la vivienda. La directora de Apartur sostiene que se ha construido "un relato muy bien armado" para culpar a los pisos turísticos, cuando la realidad, avalada por datos, es muy distinta. Durante su intervención, ha recordado que el sector "solo representa el 1 % del parque de viviendas de Barcelona" y que su impacto en el precio del alquiler no está demostrado. De hecho, ha señalado que "desde el 2014 no se dan licencias de pisos turísticos en Barcelona, y en estos últimos 10 años, el alquiler se ha incrementado un 74 %", lo que a su juicio evidencia que el problema reside en la "ineficacia en las políticas de vivienda que están adoptando en el ayuntamiento".

Se ha creado un relato muy bien armado, se ha señalado a los pisos turísticos como chivo expiatorio de la crisis de vivienda"

La patronal defiende un "modelo de éxito" que, según expuso Muro en una comisión del Parlamento Europeo, fue pionero en su regulación en 2012. "Nosotros ya estamos en otra fase, tenemos un sector regulado, controlado, con datos del ayuntamiento y sin apenas oferta ilegal", ha defendido. Por ello, considera que el foco del debate debería estar en otros asuntos, como el motivo por el que "no se está construyendo vivienda en Barcelona" o por qué hay "57.000 viviendas cerradas" en la ciudad.

Batalla judicial en Europa

El conflicto ya ha superado las fronteras nacionales. Mariam Muro ha explicado que la Federación Catalana de Viviendas Turísticas (Federatur), junto con la patronal europea, interpuso hace un año una reclamación ante la Comisión Europea contra el decreto catalán que ampara la eliminación de las licencias. "Entendemos que el decreto este catalán infringe, pues, hasta seis apartados de la normativa comunitaria, incluida la carta de los derechos fundamentales y otras leyes europeas", ha detallado Muro. La denuncia se fundamenta en que la medida contraviene principios básicos de la UE, como la "libertad de prestación de servicios y la libertad de empresa", por lo que el sector confía en que su reclamación siga su curso en Bruselas.

El argumento central de Apartur es que la decisión del Ayuntamiento de Barcelona supone la "expropiación de un derecho previamente adquirido sin indemnización económica alguna". Muro ha aclarado que las licencias se otorgaron con "carácter indefinido" y no estaban sometidas a renovación, por lo que la acción del consistorio es, en la práctica, una retirada forzosa de un activo. "Esto es muy grave, porque da un mensaje de inseguridad jurídica tremenda", ha advertido, cuestionando quién querrá invertir en la ciudad "cuando de la noche a la mañana pueden eliminar tu actividad".

Lo que se está haciendo es la expropiación de un derecho previamente adquirido sin indemnización económica alguna"

Esta expropiación ya tiene cifra. La patronal presentó ante la Generalitat de Catalunya una reclamación por lucro cesante en la que se cuantifican los perjuicios ocasionados por el anuncio del cierre. La cifra, según Muro, "asciende a más de 3.000 y pico millones de euros", un procedimiento administrativo que ya está en curso y con el que buscan compensar las inversiones realizadas y el personal contratado. "Lo que no puede ser es que de un lunes para un martes yo decida eliminar una actividad económica sin que tenga ninguna consecuencia", ha sentenciado.

¿Y ahora qué?

Mientras la batalla legal avanza, el sector vive en una "incertidumbre tremenda" y con una "nula relación con el Ayuntamiento de Barcelona". Muro ha lamentado la falta de diálogo, asegurando que no han sido recibidos por el alcalde en los dos últimos años. "Imagínese usted cualquier otro sector económico, el del taxi, por ejemplo, que les dicen que los eliminan. ¿Usted se puede imaginar que no tenga ningún tipo de feedback con el ayuntamiento?", ha cuestionado.

Finalmente, la directora de Apartur ha puesto en duda que la medida vaya a tener el efecto deseado de aumentar la oferta de alquiler residencial. Ha argumentado que, en el hipotético caso de que se eliminen las licencias, "en ninguno de los casos va a garantizar que esas viviendas vayan al mercado residencial de alquiler". El motivo es doble: por un lado, son viviendas de alto coste y calidad, "no al alcance de las rentas medias", y por otro, los propietarios conservan su derecho a decidir qué hacer con su inmueble. "Yo decidiré con mi piso qué es lo que hago. Si yo se lo vendo a un fondo, si yo lo cierro por inseguridad jurídica, por la dificultad de sacar a okupas o por inquilinos que no pagan", ha concluido, insistiendo en que las decisiones deben basarse en datos y no en "eslóganes populistas".