Revés judicial a la moción aprobada en el Ayuntamiento de Valladolid para la promoción del laicismo
La sentencia anula la retirada de simbología religiosa de edificios públicos, como pretendían PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos
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Despojar de simbología religiosa los espacios de titularidad pública que dependan del Ayuntamiento de Valladolid, a excepción de aquella que signifique un bien patrimonial e histórico “especialmente contrastado”. No promover ritos y celebraciones religiosas “de ningún tipo”, a excepción de aquellos que constituyan un patrimonio cultural o artístico de “interés reconocido”.
Son los dos artículos contemplados en la moción aprobada el pasado mes de septiembre con el voto favorable de PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede —hasta abril de 2018, marca blanca de Podemos en el Consistorio vallisoletano— que ha anulado el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid.
La sentencia da la razón, en parte, al recurso presentado por la Asociación Española de Abogados Cristianos. Considera que se han vulnerado dos derechos fundamentales recogidos en la Constitución española: la libertad religiosa y la libertad de expresión. Un hecho “gravísimo” para la presidenta de la Asociación, Polonia Castellanos.
Castellanos ha exigido al equipo de Gobierno en el Consistorio que asuma responsabilidades políticas por este revés judicial. Para la presidenta de Abogados Cristianos este caso es mucho más grave que cualquier “caso de corrupción” y pone de relieve que el alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, “con tal de mantener el poder ha sido capaz de pactar con los grupos más radicales de izquierda, que pretenden que no todos seamos iguales ante la Ley”.
Tras este fallo judicial, Abogados Cristianos ha anunciado que interpondrá denuncias contra otras 21 mociones similares aprobadas en ayuntamientos de toda España. No descarta, además, en un futuro que estas denuncias sean presentadas por la vía penal al considerar que los consistorios están apoyando este tipo de iniciativas “a sabiendas de que están cometiendo una ilegalidad”.



