Despojar de simbología religiosa los espacios de titularidad pública que dependan del Ayuntamiento de Valladolid, a excepción de aquella que signifique un bien patrimonial e histórico “especialmente contrastado”. No promover ritos y celebraciones religiosas “de ningún tipo”, a excepción de aquellos que constituyan un patrimonio cultural o artístico de “interés reconocido”. Elaborar un censo de las propiedades adquiridas por instituciones religiosas mediante el sistema de inmatriculación e iniciar los trámites de recuperación de aquellas que “pudieran ser consideradas” patrimonio de la ciudad de Valladolid.

Son solo tres de las medidas contempladas en la moción presentada por Sí Se Puede Valladolid —hasta abril de 2018, marca blanca de Podemos en el Consistorio vallisoletano— y aprobada hoy en sesión plenaria tras recabar el apoyo del PSOE y de Valladolid Toma la Palabra.

El texto acuerda, además, instar al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a adoptar las medidas “necesarias” para que las tomas de posesión de un cargo público se hagan “únicamente” ante un ejemplar de la Constitución, así como proceder a la denuncia de los Acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede.

La moción se ha topado con la oposición frontal del Grupo Municipal Popular, que la ha calificado de “liberticida”. Su portavoz adjunto, Jesús Enríquez, ha denunciado el “arresto domiciliario” al que se pretende someter a la práctica religiosa en detrimento de la compatibilidad de la manifestación pública de la fe y la aconfesionalidad del Estado. “Anticlericalismo trasnochado”, ha sentenciado.

Por su parte, Ciudadanos, que sí ha apoyado evitar cualquier financiación a entidades que “inciten al odio”, ha defendido el “correcto” marco constitucional actual. Su portavoz en el Ayuntamiento, Pilar Vicente, ha acusado a Sí Se Puede Valladolid de buscar la división y el enfrentamiento.

La Asociación Española de Abogados Cristianos, que en apenas 72 horas ha recabado más de 11.000 firmas en oposición a estas medidas, ha anunciado que recurrirá la moción aprobada en el Ayuntamiento de Valladolid por poner “en peligro” la libertad religiosa.